Madrid |
Quien quiere seguir siendo presidente confía en que la Abogacía del Estado acierte en su dictamen, que ese dictamen satisfaga a Esquerra, y pelillos a la mar: vuelta a la mesa de negociación. La palabra chantaje, utilizada en dos ocasiones por la negociadora Vilalta, no impidió que se siguiera negociando. El ultimátum de ahora se verá como un incidente en el camino, nada más.
Quienes objetaban el pacto con independentistas ahora tienen un motivo más: es incómodo, por lo menos incómodo, quizá poco decente, seguir hablando con quien ya no va a parar de reclamar la libertad de un preso por sedición. Pero a esto no se le puede aplicar la lógica política. La realidad es que los independentistas están como motos. Piensan que han derrotado al opresor. Piensan que Europa derrotó a la Justicia española. Piensan que tenían razón cuando calificaban al Supremo como un Tribunal político, brazo legal del gobierno.
Y esto hace que automáticamente suban el precio de la subasta de la investidura. De momento, la aplazan. La Abogacía y el Tribunal Supremo tienen la palabra. Pactar con el partido de los ultimatos ya no depende de la ética de Sánchez. Depende de la Justicia y del precio de mercado. Y está carísimo, porque Europa no dice nada de la libertad del preso ni de anulación del juicio. Solo habla de inmunidad.