Llegó a las comunidades autónomas, y estas lo quieren desplazar a los ayuntamientos. En palabras del presidente de Madrid: no es lo mismo la capital que Villalvilla. Así que los alcaldes se tienen que enfrentar a la ira del taxista y puede darse la pintoresca situación de tener 8.000 regulaciones distintas, que es el número de ayuntamientos que hay en España.
Como esto sería una barbaridad, lo lógico sería que Fomento tomase otra vez las riendas, hablase con los gobiernos autónomos, y asumiese la regulación legal. Naturalmente, con algún tipo de acuerdo paralelo con las asociaciones de taxis y VTC.
Y lo que se pacte, cumplirlo, porque nadie se explica cómo vuelve el conflicto después de todo lo que se había acordado. Y algo más: claridad en la norma, para que la Justicia no otorgue las licencias VTC que no otorga la autoridad administrativa. De lo contrario, veremos y sufriremos lo que estamos sufriendo: la ausencia de un servicio básico, el perjuicio a los ciudadanos y a la economía y lo más lamentable: las acciones y expresiones de violencia que se han visto sobre todo en el día de ayer.
