La historia demuestra que a veces se está mejor sin presidente investido. Sobre todo, si ese presidente se dedica a crear problemas en vez de resolverlos o no se distingue por su capacidad de gobernar, sino de incordiar, como fue el caso de Quim Torra.
Lo malo de la actual política catalana es que no se hizo el calendario electoral pensando en el vacío político que se produce. Se retrasaron por cálculos de puro beneficio electoral con la disculpa de la pandemia. El 30 de mayo es una fecha pensada contra Salvador Illa y su espectacular irrupción en las encuestas.
Es una fecha donde podrían estar decididos los indultos y, si se conceden, será un éxito para el independentismo y, si se rechazan, será gasolina para el victimismo independentista. Es una fecha que conviene a los partidos constitucionalistas, porque tienen más tiempo para tratar de arañar algún voto. Y es una fecha que por las mismas razones, no conviene al PSC, que tanto arriesga con Illa y teme que su efecto no dure tanto, porque la evolución del virus desgasta a cualquiera.
Quiero decir con todo esto que no sufras por la ausencia de un presidente investido. Entre lo que hacía Torra por sus administrados y un Pere Aragonés limitado por su provisionalidad tampoco hay tanta diferencia. A mí, como comentarista, lo que me preocupa es por qué tantos jueces anulan o dejan en suspenso tantas decisiones políticas. Es como si los políticos se pasaran por el forro el principio de legalidad.
