Ha llegado el momento de gobernar las cosas, y gobernar las cosas casi nunca se puede hacer buscando la popularidad. Sobre todo, cuando el déficit público está desbocado, el endeudamiento público bate récords cada día y el agujero de la Seguridad Social anda cerca de los 20.000 millones anuales.
A estas circunstancias hay que añadir las demandas de reformas de la Unión Europea para soltar los 140.000 millones: reducir la temporalidad en el empleo, más unidad interior de mercado y, atención, sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Si la Comisión Europea hace este último mandato, es que tiene dudas de que el sistema sea sostenible con nueve millones de pensionistas y creciendo. Y si tiene dudas, es que puede caerse en un plazo no inmediato, pero relativamente próximo. Prolongar el periodo de cómputo de 25 a 35 años es una solución clásica, fácil y, por tanto, tentadora. Pero profundamente injusta.
Si no lleva algún mecanismo corrector, será una rebaja de hecho de las pensiones, por eso se proyecta. No se piensa para subirlas, sino para rebajarlas. Y crea, además, dos tipos de pensiones: los anteriores a la ampliación, que hoy cobran más que muchos salarios empobrecidos por la crisis y los posteriores, que serán víctimas del ajuste. Mientras se hace populismo con la subida acomodada al índice de precios al consumo, se hace un ajuste sobre los años cotizados. Una brecha más en el tejido social español.
