En el caso de Puigdemont, por lo que vamos viendo, sí se puede decir que los criterios son al menos parecidos, salvo cuando juzga un tribunal local alemán que confunde la destrucción de un Estado con una manifestación en la pista de un aeropuerto. Lo de ayer no es una decisión definitiva sobre nuestro ilustre fugado.
Solo es la denegación de medidas cautelares que el prófugo había pedido para asistir hoy al Parlamento y tomar posesión de su escaño. Y no podía autorizarlas antes de entrar en el fondo de la cuestión. Es decir, de decidir si él y Comín pueden o no ser eurodiputados, cosa sobre la que sentenciará en los próximos días, quizá en las próximas horas.
Y permíteme un anticipo de opinión personal: si ese Tribunal Europeo cree y defiende la dignidad de las instituciones y existe para que se cumplan las leyes de los Estados democráticos de la Unión, difícilmente podrá aceptar que ocupe un escaño quien no puede ser juzgado de sus delitos precisamente porque huyó de la Justicia. Un tipo en busca y captura, caracterizado por su afán de destruir el orden establecido, no puede beneficiarse ni de ese honor ni de esa impunidad.