De repente, el juez Llarena ha rebuscado en su manga hasta sacar de ella la retirada de la orden europea de detención contra Puigdemont. Llarena impide así que los jueces belgas se concedan a sí mismos el derecho de decidir si España es un país democrático y de fiar. Impide que sean los jueces belgas los que decidan si extraditan a Puigdemont.
Y, en su caso, impide que los jueces belgas decidan sobre qué y sobre qué no se puede juzgar en España a Puigdemont. La justicia española recupera las riendas del caso. Ya no las tienen los jueces belgas. Y, además, el magistrado Llarena le ha arrebatado al prófugo el martirologio que buscaba. Ahora Puigdemont es libre de volver a Cataluña a hacer campaña, previo paso por el Tribunal Supremo. O, si lo prefiere, puede quedarse a vivir en Bélgica. Pocos le echarán de menos.
