Monólogo de Alsina: "No hubo delito fiscal ni condena penal, pero las palabras fraude y engaño son letales"

Cómo estará de movida la actualidad en este país que el día que le entregaron al cuñado del rey la papeleta para entrar en prisión fue la tercera o cuarta noticia en importancia.

Siguen pasando cosas que nunca antes habían sucedido.

• El marido de una infanta preparando el petate para empezar a cumplir condena en una cárcel.

• Un seleccionador nacional destituido en la víspera de que empiece un mundial de fútbol. Y que va a ser presentado como entrenador del Real Madrid a la vez que en Moscú se celebra la ceremonia de apertura.

• Un ministro de Cultura que no dura ni una semana completa en el cargo.

¿Qué más puede pasar?, se pregunta el personal asombrado. ¿Qué más? ¿Que El Corte Inglés destituya a su propio presidente?

Bueno, eso a lo mejor también pasa hoy. El desenlace de la guerra fraticida —o primicida, porque no es entre hermanos sino entre primos (y primas)— en la compañía que ha sido santo y seña del comercio en nuestro país. Cuando en España se dice ‘unos grandes almacenes’ lo que se está diciendo es El Corte Inglés. Dimas Gimeno, el todavía presidente, contra las hijas de Isidoro Álvarez. La bronca total que tiene en vilo a los noventa mil empleados de la compañía.

¿Qué más puede pasar en la España trepidante?

Llegaron las curvas, les decía ayer a esta misma hora. Para el gobierno recién estrenado de Pedro Sánchez. Llegaron, como casi siempre ocurre, en un asunto que nadie pudo prever.Las declaraciones fiscales de hace diez años del ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta.

La política es un territorio árido. Tierra pantanosa. Un campo de minas.

Todo el que llega de fuera acaba comprendiendo que las reglas son distintas a las que rigen en los demás ámbitos profesionales y que la batalla es implacable. Y lo comprenden con mayor amargura quienes llegan procedentes de la prensa. Acostumbrados a fiscalizar cada acto, cada palabra, cada gesto del cargo político pero a que sean sus actos, sus palabras, sus gestos y ahora también, su pasado, los fiscalizados.

A las ocho de la mañana de ayer les conté la información que revelaba a esa hora El Confidencial. Algunas personas, pocas, la conocían desde la noche anterior. Una de ellas era el presidente del gobierno. Les expliqué aquí a las ocho que Màxim Huerta no tiene hoy asuntos pendientes con Hacienda, que pagó en su momento lo que Hacienda le reclamó —doscientos y pico mil euros—, que recurrió la sanción y que acudió a los tribunales. Acudió y perdió, por eso existe una sentencia judicial que le da la razón a Hacienda y le describe a él como un contribuyente que intentó engañar a sabiendas. No hubo delito fiscal, no hubo condena penal. Pero la palabra fraude, unida a la palabra engaño, es letal hoy para un responsable público. Por eso, comentábamos aquí hace 24 horas, por eso el ministro Huerta estaba en una situación muy delicada.

Antes de las diez de la mañana Màxim Huerta habló en este programa. Fue su primera explicación pública y fue, también, la primera información que tuvimos de lo que acababa de pasar en la Moncloa. El presidente daba por buenas sus explicaciones y descartaba que su ministro renunciara.

A las diez de la mañana no tenía duda Huerta de que iba a seguir siendo ministro. Nueve horas después anunciaba su renuncia. Y media hora después, el gobierno estaba comunicando ya que José Guirao es el nuevo titular del ministerio.

El viraje total, de lo que se dijo por la mañana a lo que se anunció por la tarde, obliga a preguntarse cuáles son los criterios del gobierno. No de Màxim Huerta, que ya no es ministro, sino del presidente. Que a primera hora de la mañana no ve problema en un asunto fiscal que afecta a su ministro y por la tarde le está diciendo que entiende perfectamente que se vaya. Y obliga a preguntarse también qué criterio tiene el presidente sobre el perfil de un ministo de Cultura. Porque Cualquier parecido entre Màxim Huerta —periodista, escritor, celebridad—y José Guirao —director de una Fundación, ex director del museo Reina Sofia, ex director de Bellas Artes del ministerio— cualquier parecido entre ambos es pura coincidencia.

Cómo cambian las cosas. Iba la semana viento en popa para el nuevo gobierno de España, celebrado por su iniciativa en favor de los rescatados del Aquarius, y se le torció la semana con el caso Màxim Huerta.

El barco de Médicos sin Fronteras navega hacia Valencia y tiene previsto atracar el sábado por la mañana. Otro barco, el Sea Watch III, sigue esperando a que Malta o Italia le autoricen a desembarcar a las cuarenta personas que rescató en aguas de Libia. Y el gobierno italiano, que formalmente dirige Giusseppe Conte pero que de verdad comanda Matteo Salvini, está ironizando sobre el amplio margen que tiene el gobierno de Pedro Sánchez para seguir demostrando su generosidad con los rescatados y su solidaridad con Italia, acogiendo tantos migrantes como este país viene haciendo desde hace meses.

El gobierno español, después de dar el paso y actuar ante la crisis del Aquarius, asume que hay aspectos complicados que ir resolviendo. El primero de ellos, en qué situación legal quedan estas 629 personas una vez desembarquen. En contra de lo que anunció Mónica Oltra, no todos van a ser considerados refugiados, no al menos de manera automática. Sí está previsto que se les considere inmigrantes legales, lo que descartaría tanto su ingreso en un Centro de Internamiento para Extranjeros como su devolución a los países de los que salieron.

Insiste ahora el gobierno es que todo lo que se haga respecto de Aquarius es sólo para este barco. Es un caso excepcional, subraya. Y lo es, claro que sí, porque Italia no permitió su desembarco, pero puede dejar de ser excepcional y convertirse en rutinario si Italia no rectifica el cierre de sus puertos a las ongs. Y más allá de eso, lo que no es excepcional —lo sabemos— es que personas desesperadas y huyendo de la violencia o del hambre se lancen al mar con la esperanza de llegar a Europa. Prueba de que no tiene nada de excepcional es que están llegando pateras a las costas andaluzas. Cientos de personas cada semana. Que aunque no lleguen en el barco de una ONG, sino por sus propios (y precarios) medios tienen vidas gemelas a los rescatados en las costas de Libia.

Aquí se abre otro debate en el que habrá de fijar posición el gobierno: por qué si estas mismas personas hubiesen llegado en pateras a Motril habrían sido o devueltas de inmediato, las magrebíes, o internadas en los CIEs, los subsaharianos, a la espera de las órdenes de expulsión; mientras que llegando en el barco de la ONG que Italia no quiere van a ser consideradas acogidas con derecho a permanecer aquí si lo desean. ¿Por qué el del Aquarius sí y el de la patera de Motril no? Cuál es el criterio.