El de ayer fue un capítulo estupendo para Carles Puigdemont y fue un muy mal episodio, deprimente, para el juez Pablo Llarena. Porque para el primero, Puigdemont, se abre la posibilidad de salir de todo lo que hizo con una simple sanción y para el segundo, Llarena, lo que se abre es la posibilidad de que el proceso se le quede en la mitad para la mitad de los procesados. Y de que su doctrina sobre la existencia de violencia en el procés se vea más cuestionada.
El revés es muy gordo.
Pero antes de que el club de fans de Puigdemont se entusiasme más de la cuenta recordemos: el tribunal alemán al que le ha tocado este asunto no ha declarado a Puigdemont héroe europeo del año, no le ha proclamado paradigma de la democracia, no ha dicho que sea ni Gandhi ni Rosa Parks. De hecho, ha dicho que este hombre no está perseguido en España por sus ideas políticas. Tómese nota también de esto.
En resumen, lo que ha dicho este tribunal alemán es que a la rebelión en su país le llaman alta traición y para que haya alta traición en su país se requiere una violencia explícita y lo bastante extendida como para poner en riesgo al Estado. No dice el tribunal que en el código español tenga que ser así o que en España no pueda calificarse lo ocurrido de rebelión, dice que conforme al código alemán no procede calificar los hechos como alta traición. Decisión que sólo afecta a Puigdemont y no, evidentemente, a los procesados que están ya en nuestro país:Junqueras, los Jordis, Forn, Turull, Rull, Romeva.
¿Significa entonces que Puigdemont no podrá ser juzgado entonces por rebelión? ¿Nunca?
Pues mire: si Alemania nos lo entrega en cumplimiento de la euroorden, no le podemos juzgar por rebelión, eso es así. Ahora bien: ¿puede el juez retirar la euroorden y renunciar a la entrega? Sí, puede. ¿Qué sucede en ese caso? Que Puigdemont queda impune… salvo que algún día se le ocurra volver a España. Si regresa a nuestro país y se le detiene aquí, entonces se le puede juzgar por todo lo que el Tribunal Supremo considere oportuno.
Doble subrayado, por tanto:
• Puigdemont sería juzgado por rebelión sólo si vuelve por su propio pie.
• Puigdemont sólo puede volver a ser presidente de la Generalitat si vuelve.
Lo de ayer es una victoria de los abogados de este señor. Y es una derrota para la fiscalía y el Tribunal Supremo de España. O para el Estado español, que queda desairado por Alemania. Y que tiene razones para empezar a preguntarse esto de la euroorden para qué sirve en realidad.
El juez Llarena arriesgó apostando al tipo penal más grave, la rebelión, y cuando uno arriesga —es verdad— puede perder. Sobre todo si entra en juego el código penal de otro país.
Importante: los hechos que describe el magistrado Llarena en su auto de procesamiento, el relato de los días previos y posteriores al primero de octubre, son poco discutibles porque fuimos contándolos día a día (desde 2012) los medios. Ningún juez ha dicho que sean inocentes, ningún juez los ha absuelto, ningún juez ha negado que intentaran, desde las instituciones que controlaban, tumbar la Constitución en Cataluña.
No hay juez que pueda negar eso porque es de lo que ellos mismos presumieron mientras lo hacían, de intentar proclamar un nuevo estado a pesar de las leyes vigentes. Lo discutible es la tipificación delictiva de esos hechos, y ahí ha estado siempre el debate, la diversidad de criterios, entre juristas también en España. En esencia, si los hechos incluyeron violencia ejercida o alentada por quienes hoy están procesados.
• Para la rebelión se requiere violencia.
• Para la sedición basta con que haya tumulto.
• Para la malversación y la desobediencia no hace falta que exista.
Es difícil rebatir, por ejemplo, que el gobierno catalán incurrió en desobediencia al Constitucional. O que empleó dinero público para montar el primero de octubre. Ambas cuestiones llevaron ya a Artur Mas a ser inhabilitado y embargado por el precedente de 2014. Es en el tipo delictivo donde está el debate y donde la fiscalía —con el difunto Maza— y el Supremo después —con Llarena haciendo suya la doctrina— se la jugó al delito más grave. En Alemania ha encajado una derrota. En España lo sabremos el día que el caso llegue a juicio y se emita sentencia. Con Puigdemont acusado sólo de malversación o con Puigdemont en rebeldía porque nunca terminó de regresar a España.
Caso máster. Caso Cifuentes. Caso Universidad Rey Juan Carlos.
Hechos:
• La universidad rey Juan Carlos no encuentra el trabajo de fin de máster.
• La universidad no encuentra el acta del examen de ese trabajo.
• La universidad ya admite que el acta que presentó hace quince días es falsa.
• La profesora que, según la universidad, había presidido el tribunal reventó ayer la versión oficial y confesó que no existió el tribunal y que ella nunca evaluó a Cristina Cifuentes.
• Admitió también que su firma ha sido falsificada y que alguien, por tanto, incurrió en un delito.
• Fruto de esta confesión, desmoronada la versión que venía dando la universidad, el asunto pasa a manos de la fiscalía y los involucrados se exponen, como poco, a ser imputados.
Estos son los hechos a 6 de abril.
Esta mañana comparece, por fin, el rector ante los medios. Dieciséis días después de su primera y última aparición. Obligado el rector a exponer, de una vez, qué pasó el 21 de marzo de este año. El día que eldiario.es publicó la primera información sobre dos notas modificadas a posteiori.
Aquella mañana, según el relato que hizo el propio rector al mediodía, él pregunta qué sucede con las notas de Cifuentes e inmediatamente le localizan el acta del examen de fin de máster y a las profesoras que integraron el tribunal. Con las que él habla y le confirman que todo estuvo en orden.
Según EL Confidencial, es el rector el que presiona para que le aporten un papel que respalde a Cifuentes después de haber hablado él con una persona próxima a la presidenta, Maria Teresa Feito Higueruela. El rector le dice al director del master que quiere papeles. Y éste, Alvarez Conde, urge a las profesoras que tiene a su cargo para que lo resuelvan. Queda por aclarar si fue la única de las tres profesoras cuya firma es verdadera, Cecilia Rosado, quien rellenó todo el papel fraudulento.
La profesora López de los Mozos —la que cantó ayer— sostiene que ella se enteró de la falsificación de su firma cuando Cifuentes entregó a la prensa el acta, no antes. Dos preguntas para la profesora si alguna vez se anima a responderlas:
• ¿Por qué ha tardado quince días en denunciar que le habían falseado la firma?
• ¿Habló o no habló el día 21 con el rector para decirle que todo estaba en orden?
Este asunto del máster empezó como una presunta manipulación de dos notas de Cifuentes. Pero alguien, y es urgente saber quién, lo convirtió el 21 de marzo en una monumental mascarada que incluyó no sólo la mentira sino la falsificación de documentos oficiales. De nuevo la pregunta que nos hacíamos ya ayer: quién decide ese día que hay que fabricar un acta falsa, quién da instrucciones y quién la hace. Y la siguiente pregunta, que políticamente es la más relevante: ¿qué sabía Cifuentes, si es que sabía algo, de esa mascarada cuando salió por la noche a presentar sus papeles y dar por probado que aprobó todas sus asignaturas?
El rector de la Universidad, por haber avalado una versión falsa o por haberse dejado engañar como un pelele, debería ir pensando en dejar el puesto a otro. Al director del master, profesor Álvarez Conde, le espera una investigación judicial delicada: no sólo por lo que pasó el 21 de marzo, también por haber intentado después que las profesoras mantuvieran a toda costa la mentira. Cifuentes igual sobrevive a esta historia (igual no), pero el máster, el director del máster y el rector de la universidad ya han sucumbido.
Cristina Cifuentes puede aún caer si sucediera alguna de estas dos cosas:
• Que fuera imputada en la investigación judicial. Imputada equivale a apartarse del cargo, según su propia doctrina.
• Que se pruebe que, en contra de lo que ella contó anteayer, no se presentó a ningún examen el 2 de julio de 2012 en el campus de Vicálvaro.
La presidenta recuerda, y así lo cuenta, cómo se examinó en Vicálvaro aquel día. Ante un tribunal. Resumiendo un trabajo que sí hizo. Si nada de todo eso sucedió y acabara sabiéndose, ya no habría a quien achacarle la responsabilidad. En esto la presidenta está hablando por si misma.
