David, que primero fue el tío de una niña que ahora tiene cinco años, y que después fue —está siendo— padre adoptivo de esa niña.
La niña que fue testigo del momento en que su padre mató de un disparo en la cabeza a su madre.
El padre homicida que sostuvo ante la policía que su mujer se había suicidado. Los tres meses le llevó a la policía reunir pruebas para detenerle. Los tres meses en que el padre cobró la pensión de viudedad y aisló a la niña de la familia de su madre muerta.
Para que no la vieran. Para que no pudieran hablarle.
David, esforzándose por encontrar en su propia historia enseñanzas que sirvan a los legisladores para facilitar el camino a quienes hayan de pasar en el futuro por situaciones similares —refiriéndose a su sobrina-hija como “la menor”— contó la vía dolorosa que hubieron de completar él y su esposa hasta poder tener a la niña en casa.
Contó de las visitas del padre, supervisadas por los abuelos paternos, en un punto de encuentro que decidió el juzgado. Y reprochó a los oficiales del juzgado que no estén más atentos a los signos que ofrece un niño cuando le repugna reunirse con algunos de sus familiares.
Contó David, en fin, de las cuestiones cotidianas que, a la vez que el proceso judicial, han de afrontar las familias de las mujeres-madres asesinadas. La patria potestad de los menores. Y la situación económica de esos críos.
Los huérfanos que lo son por partida doble. Hijos de madres asesinadas, hijos de padres asesinos. Huérfanos con padres nuevos, como este hombre que ayer tuvo a bien compartir su historia con los asistentes a esta jornada parlamentaria en el Congreso.
A veces sí.
A veces las cosas que se escuchan en el Parlamento, sin grandes titulares, sin el menor aspaviento, merecen de verdad la pena.
Aprovechando que lo de Rajoy y Rivera se ha enfriado y que no hay noticias de que vayan a salir adelante los Presupuestos nuevos, Podemos mete baza para alimentar la fantasía de una moción de censura que descabalgue a Rajoy y ponga un presidente socialista en la Moncloa —sí, claro—.
No es que Podemos esté interesado en ir de la mano del PSOE a ningún sitio, es que hay elecciones internas en el Partido Socialista en mayo, está la formación política reviviendo la división interna que sufrió en el comité federal de octubre y a río revuelto, echa la caña. Se ofrecen los morados no se sabe si para hacerle un favor a Sánchez o todo lo contrario. Enreda, que algo queda. Pudieron hacer presidente aSánchezcuando éste era diputado y no quisieron. No quiso Pablo abrir la puerta de la Moncloa a Pedro no-es-no candidato porque estaba contaminado por su abrazo con Ciudadanos. Ahora que Sánchez ya no está en el Congreso ni dirige el PSOE sacan la muleta a ver si el toro se deja atraer por el trapo colorado.
Podemos es el único partido político al Asociación de la Prensa de Madrid ha acusado de crear un estado de miedo entre los periodistas que informan de sus actos y sus disputas internas. De organizar campañas de acoso y de descrédito. Y lo ha hecho —esto es lo relevante— no porque las direcciones de los medios, las empresas periodísticas, hayan pedido amparo a nadie, sino porque lo han hecho los profesionales, los periodistas de a pie que informan sobre Podemos. Y que han aportado como pruebas llamadas intimidatorias de dirigentes de este partido. Esto ya son palabras mayores.
Hombre, habiendo llamadas intimidatorias, estimada APM, lo suyo es que se conozca el contenido de esas llamadas. Para saber de qué dirigentes hablamos —nombres— e incurriendo en qué comportamientos exactamente. El comunicado de ayer requiere de ampliación y de más detalles. Que Irene Montero se lamente de que nadie les haya preguntado a ellos antes de hacer el comunicado carece de importancia: no hay por qué consultar con nadie una denuncia pública como ésta, las denuncias no se pactan. Que Echenique diga que no se reconocen en las imputaciones que se les hacen forma parte de lo previsible: no se espera que digan “ah, pues sí, hemos hecho todo eso”. Precisamente por eso conviene que un asunto tan serio no se quede en el aire. Si en Podemos no se reconocen, veamos lo que hay, quién envía mensajes, y qué mensajes, quién hace llamadas, y qué llamadas, para poder preguntarle después a Echenique, y no antes, si acaso va reconociendo ya a alguno de los lugartenientes de Iglesias.
Podemos está en su derecho a criticar a los medios y a alimentar este discurso tan suyo de que ellos luchan contra los elementos frente a unos medios manipuladores que les tratan a ellos peor que a nadie (y todo eso). Iglesias está en su derecho a calificar los artículos que le agradan como quintaesencia del periodismo responsable y a despachar los que le desagradan como si fueran basura —es sólo su opinión, ni él ni nadie tiene la potestad de emitir certificados de buena conducta—. Tiene el mismo derecho que en su día tuvo Felipe, cuando inventó aquello de la opinión pública y la opinión publicada (a un lado la gente, al otro, la prensa). El mismo derecho que tiene Trump a polemizar con los medios y proclamar que son enemigos de América. Es la historia más vieja del mundo: el dirigente político que se cree el primero, y el más valiente, por haberse encarado con los medios.
Opinar en un derecho. Pero amenazar, coaccionar, chantajear es otra. No es sólo una práctica totalitaria y contraria a la libertad de información y de opinión, son acciones tipificadas como delitos. Y en ese caso, y de nuevo, son palabras mayores.
La España de este 2017 ha resultado ser la España de la fiscalía hiperactiva ante denuncias por opiniones que molestan a mucha gente. O que ofenden. Como si toda actividad que irrite a alguien debiera examinarse como ilícito penal y terminar en manos del fiscal o el juez de guardia. No le queda un minuto libre el ministerio fiscal, oiga.
• La fiscalía estudia si hay delito en la drag queen canaria que hizo un espectáculo provocador sobre la virgen y Jesucristo que ha ofendido a muchos católicos.
- La fiscalía estudia si hay delito en un programa de la televisión vasca —pretendidamente humorístico, zafio, ramplón y garbancero— que ha ofendido a muchos españoles. Y a algunos euskaldunes que se ven retratados como unos cafres.
• La fiscalía estudia si hay delito en un autocar que se paseó por Madrid con mensajes contra lo que la jerarquía de la iglesia llama la colonización de la ideología de género —aceptar la transexualidad como algo humano— y que ha ofendido a muchísimos vecinos.
• La fiscalía no da abasto porque cualquier contenido ofensivo, hiriente o repugnante para algunos ciudadanos debe ser analizado como posible acción delictiva.
Lo raro es que la fiscalía no haya empezado a estudiar ya si hay delito en el militante del PSOE de Madrid que se rió del acento andaluz —pzoe ganadó— de Susana Díaz. Miles de andaluces se han sentido ofendidos.
Eso sí, luego “todos somos Charlie” porque celebramos que se puedan publicar caricaturas de Mahoma aunque haya musulmanes que se ofendan. La libertad de opinión es sagrada, decimos, y con razón. No puede supeditarse a que la opinión emitida hiera a los creyentes, o a los no creyentes, a que soliviante a quienes repudian a una drag queen crucificada o les repugna a un autocar que predica que el cuerpo que tenemos, y su sexo, es un regalo de dios que no puede cambiarse. La falta de respeto es una cosa y la comisión de un delito es otra, bien distinta.
Todos somos Charlie. Pero si Charlie Hebdo se publicara en España, la fiscalía habría abierto diligencias por publicar viñetas ofensivas.
Y lleva la fiscalía —debiera tenerlo presente— unos cuantos reveses en este tipo de actuaciones. Sentencias judiciales.
• Los titiriteros no cometieron ningún delito con su numerito sobre las pruebas falsas de la policía.
• No lo cometió Rita Maestre cuando entró a voces en una capilla faltándole al respeto a quienes allí rezaban al dios en el que creen.
• No lo cometió Zapata con sus chistes repulsivos sobre el Holocausto.
¿Cómo fue eso que dijo el nuevo fiscal general en el Congreso la semana pasada?
