Monólogo de Alsina: "Ha sido un fracaso si Rajoy quería que Catalá protegiera a los corruptos"

Reprobados los tres por obstaculizar las investigaciones judiciales. Es decir, que la mayoría del Parlamento —PSOE, Podemos, Ciudadanos, nacionalistas, independentistas, los canarios—, da por hecho que Catalá, Maza y Moix son el tridente mariano que se ocupa de arrojar arena en el engranaje de los procedimientos judiciales. Lo dan por hecho.

Hombre, que el gobierno esté intentando maniobrar para tener a los fiscales y los jueces embridados es altamente verosímil, ¿verdad?, más que nada porque no hay gobierno que no lo haya intentado —acuérdense de Conde Pumpido y las togas con el polvo del camino—. Ahora bien, que la oposición haya logrado probar en el Parlamento eso que está dando por hecho ya es bastante más discutible. A los grupos parlamentarios se les da mejor sacar conclusiones por su cuenta que presentar las pruebas de que esas conclusiones son las ciertas. Ante un tribunal, habrían perdido el caso.

Nixon —mencionado estos días por Pedro Sánchez— no dimitió porque la oposición le acusara de mentir. Dimitió porque el Senado reclamó las cintas que le incriminaban y antes de ser sometido al impeachment se subió a un helicóptero y se largo. Habría sido un gran momento parlamentario si alguna de sus señorías hubiera podido subir ayer a la tribuna a decir: usted Catalá lo niega todo, pero aquí traigo la prueba que le desmiente; aquí traigo el testimonio de los fiscales o los jueces que están dispuestos a declarar en su contra. Pero eso, me temo, aún no lo tenemos. Tal vez no lo tengamos nunca porque los diputados crean muchas comisiones de investigación pero investigar, en realidad, investigan poco. Para el debate que se busca basta con invocar las famosas "fuentes jurídicas" que preservan su identidad y que siempre pueden alegar que es que se están jugando el puesto al denunciar lo que pasa allí dentro.

Catalá, Maza, Moix, como tridente del muro protector mariano. ¿Dónde están los testigos de cargo? ¿Cuándo van a acudir al Congreso a contarlo? ¿Cuál es la pistola humeante del boicot a las investigaciones judiciales? No será que Moix se opuso a hacer un registro, habrá algo más. ¿O es que no hacer aquel registro habría arruinado la investigación? ¿Habría salvado a Ignacio González de la prisión preventiva que pidió expresamente la fiscalía? ¿La prueba concluyente fue el intento de enviar de regreso a Granada al fiscal Yáñez, porque quien le hubiera sustituido habría enterrado el caso para impedir que el juez pudiera seguir indagando?

Que la fiscalía está cuestionada políticamente es una evidencia. Y que, de nuevo, la oposición es mayoritaria en el Congreso y el relato que prospera, por ello, es el que hacen los grupos que aspiran a acorralar al gobierno es otra.

Si a Catalá le había encomendado Rajoy esta misión que describió en la tribuna ayer la portavoz del PSOE... entonces quien debería reprobar a Catalá es el PP, porque su misión —presunta— de proteger a los corruptos del partido ha sido un formidable fracaso. Ignacio González está en prisión preventiva, hay más de cuarenta personas imputadas, ha tenido que dimitir un viceconsejero de Cifuentes y ella misma tuvo que salir ayer a dar explicaciones porque un informe de la guardia civil también la menciona. Como guardián de la impunidad para impedir que se investigue a los suyos, el gobierno está demostrando una ineptitud incomparable.

Cifuentes se suma a la crítica que ya deslizó aquí el fiscal anticorrupción Moix y que comparte el fiscal general Maza. ¿Qué crítica? La de que los policías y guardias civiles que investigan los casos de corrupción política se exceden en sus funciones. No porque investiguen de más, sino porque incluyen en sus informes valoraciones jurídicas de los hechos que indagan que no les corresponde hacer a ellos sino a quien toma las decisiones: la fiscalía y el juez instructor.

En la trastienda de la tormenta política que ha desatado la operación Lezo hay un pulso que es el más relevante de toda esta historia, el pulso de una parte de la fiscalía, y de los jueces, por poner a cada uno en su sitio: hasta dónde llega el papel de los investigadores policiales y donde termina. El pulso por controlar la repercusión mediática, pública, de los casos que están investigándose. O por qué se ha hecho norma la costumbre de meter en los informes policiales acusaciones a presuntos autores de delitos concretos cuando esa misión le corresponde al fiscal y al juez de instrucción, no a la Guardia Civil y no a la policía. No se duda de su competencia técnica para investigar, pero sí de su preparación jurídica para sacar conclusiones legales.

• La UCO que haga sus informes.

• La fiscalía que haga los escritos.

• El juez que haga los autos.

No siempre las sospechas de los investigadores se ven confirmadas en el procedimiento judicial. No siempre lo que policías o guardias civiles sostienen acaba avalándolo el tribunal que juzga los hechos.

El informe lo tiene el juez Velasco desde el mes de marzo. Y no ha debido ver en él sustancia bastante (ni el juez ni los fiscales del caso Lezo) para tomar iniciativa alguna sobre Cifuentes. Existe, es verdad, la posibilidad de que no haga nada por ahora para no perder la competencia del sumario (Cifuentes tiene fuero) pero también existe la otra posibilidad, la de que honradamente no vea chicha en la sospecha de la UCO.

En el debate político los matices pesan poco. Tanto que basta que haya un informe de la guardia civil para que Pablo Iglesias, por ejemplo, se sienta cargado de razones para dar por probado que Cifuentes tampoco es trigo limpio.

La UCO pide que se investigue, luego dimita usted ya, oiga. Hombre, no convirtamos a la UCO en lo que no es: ni es el juez, no es el fiscal, no es el tribunal. Y Pablo es el primero en saber que el hecho de que exista un informe policial no significa que el caso no termine archivado por el tribunal correspondiente.