Nadie ha entrado aún, por tanto, en las plantas superiores. Donde hay, o había, casi cuarenta apartamentos con sus cuarenta familias.
La policía no descarta que el número de muertos alcance los tres dígitos.
El primer muerto identificado es Mohamed Alajali, refugiado sirio, 23 años. Vivía en la torre con su hermano Omar. A las cinco de la mañana intentó hablar por teléfono con su familia en Siria para despedirse de ella, pero no logró contacto. Por eso llamó a Adulá, este amigo que le ha contado a una televisión británica lo que Mohamed, sabiéndose condenado, le dijo antes de morir.
Consiguió salir de Siria con su hermano menor, hizo el viaje hasta el Reino Unido, consiguió un trabajo, se estableció, alquiló un piso en la Torre Grenfell y una madrugada de junio todo se acabó. Tener la muerte al otro lado de la puerta y ser consciente de que no vas a poder esquivarla.
Decenas de familias buscan a los suyos. Desesperadas viendo cómo van pasando las horas sin noticias. E indignadas, ellas y quienes se han quedado sin casa.
En España, el nombre del día es el de Pedro Luis Gallego, el malnacido que hace veinticinco años mató a Marta Obregón, mató a Leticia Lebrato y cometió dieciocho violaciones. Lo apodaron entonces el violador del ascensor.
Ahora ha vuelto a ser detenido como presunto autor de nuevas agresiones sexuales en Madrid. La policía da por hecho que es él. Y el tribunal que lo juzgue establecerá si, en efecto, es así. Uno entiende que cuesta más mencionar lo de la presunción cuando el detenido nos repugna, como es el caso de este tipo, pero mientras no sea condenado es tan presunto, admitámoslo, como cualquier otro detenido.
De haber seguido en vigor la doctrina Parot el tal Gallego no habría salido de la cárcel hasta 2022. Pero eso sólo significa que habría salido. Más tarde, sí, pero habría acabado saliendo.
Hoy toca ir contracorriente del populismo mediático, ya lo siento.
Pero ocurre que la culpa de que un tipo que cumplió su condena y está en la calle delinca de nuevo no es del Tribunal de Estrasburgo. Ni de la doctrina Parot. Resulta fácil decir que aquellos jueces insensibles y extranjeros dejaron en libertad a un montón de tipos despreciables pero ocurre que el problema era anterior a ese tribunal. Lo que Estrasburgo estableció, dicho en pocas palabras, es que en España habíamos recurrido a una treta para mantener en prisión a delincuentes que ya habían cumplido su pena. Terroristas, asesinos, violadores a los que sólo se pudo condenar a la pena máxima que existía cuando cometieron sus crímenes y a los que, llegado el final de esa condena, deseábamos —oiga, cómo no íbamos a desearlo conociéndolos— mantener encerrados. La doctrina Parot fue ingeniería jurídica (cambiando la forma de computar las redenciones de pena) para poder decirle a Parot y otros indeseables como él que era legal mantenerles unos más años en prisión. Y aunque venía avalada por el Tribunal Supremo, no pasó la criba del Tribunal Europeo.
La razón real de que Kubati, o Inés del Río, o este Gallego, ya no estén en prisión no es de Estrasburgo, sino del Codigo Penal que existía cuando cometieron sus crímenes. En el año 92 teníamos un Código Penal que contemplaba menos pena de prisión que ahora para asesinos, violadores y terroristas. Y redenciones de esa pena que estaban vigentes para los reclusos. Ésa es la razón, y no Estrasburgo, de que estos delincuentes hayan ido saliendo de la cárcel al completar sus condenas.
Ésa es una parte del debate: cuántos años son los justos para castigar los delitos más graves.
Pero la reincidencia en el delito es una cuestión distinta. Porque la reincidencia no es fruto de lo larga o corta que sea la pena. Podemos alargar la pena y que, en lugar de treinta años el asesino cumpla cuarenta –como hemos hecho--, pero en algún momento pasarán esos cuarenta años y el delincuente volverá a estar fuera. Unos reinciden y otros no. Por regla general —quizá esto tampoco sea popular recordarlo hoy— por regla general los asesinos no reinciden. Entre los violadores, vuelve a hacerlo uno de cada diez.
Las preguntas pertinentes son, por tanto, estas otras:
• ¿Existe algún medio de saber con plena certeza si un condenado volverá a delinquir cuando salga?
• En caso que podamos tener esa certeza, ¿existe algún medio legal, con nuestras normas de hoy, de impedir que salga?
La prisión permanente revisable es lo más parecido a eso que hoy tenemos a eso, pero tampoco garantiza que un miserable al que se dé por rehabilitado acabe delinquiendo de nuevo. Y en la práctica no se está aplicando porque está recurrida ante el TC por los partidos que integraban la oposición parlamentaria cuando fue aprobada: PSOE, IU, Convergencia, PNV.
Sólo hay dos maneras de asegurar al cien por cien que un delincuente no reincida, hablemos claro:
• Una es la cadena perpetua, esto que llamamos pudrirse en la cárcel. No sale nunca y punto.
• La otra es la pena de muerte. Inconstitucional en España y en toda la UE.
Garantía total de no reincidencia sólo las dan estas dos condenas. Y es ahí donde cada uno de nosotros deberá situarse para tomar postura.
El PSOE en capilla para el Congreso Federal.
Que una vez que Pedro Sánchez ha regresado al trono se ha convertido en poco más que la ratificación de su resurrección y gloria.
Los leales toman los despachos.
