Monólogo de Alsina: "¿No es una cuestión política que Llarena sopese que si se detiene a Puigdemont podría ser investido?"

El juez cree hacer desbaratado la maniobra de Puigdemont para ser investido en ausencia. Eh, Puigdemont, que te he visto la trampa, hombre, que me estabas provocando. Agitaba el prófugo la muleta a ver si el juez se arrancaba y caía en la trampa. Así lo ve el magistrado. No todo el mundo lo ve como él. La fiscalía, en este relato bondadoso según el cual todo estaba planificado, había lanzado su aviso el sábado —oiga, Puigdemont, que si se mueve de Bélgica pido que lo detengan— no porque sea torpe, a diferencia del juez, no porque haya estado a punto de darle al fantasma lo que éste pretendía, sino porque buscaba el efecto disuasorio: que se asuste, no viaje, y nos ahorre a todos el problema de explicar por qué no le detenemos.

Ya se lo adelantamos ayer, gracias a la primicia de La Razón: que el de Flandes buscaba ser detenido en Copenhague para poder alegar que si no se presenta a la investidura no es porque no quiera, es porque no es libre de hacerlo. Como está detenido… Pediría entonces poder hacerlo todo desde Dinamarca —que otro vote por él— y que se lo dieran por bueno. El juez dice: te pillé, no te voy a dar el gusto de detenerte.

Bueno. El argumento del juez tiene un problema. Mete en el mismo párrafo lo de delegar el voto y lo del alcanzar la investidura. Dando por hecho que lo que vale para uno vale para la otra. Es decir, que si Puigdemont se hubiera salido con la suya —si lo hubieran detenido— habría podido completar su investidura sin necesidad de personarse físicamente en el Parlamento. Copio y pego frase del auto: "El investigado instrumentalizaría, así, su privación de libertad para alcanzar la investidura".

Pregunta obligada: ¿es entonces válida la investidura de un ausente si éste se encuentra detenido en otro país? ¿Es válida la investidura de un ausente si se encuentra en prisión preventiva, como Junqueras? La respuesta es "sí". Revisemos, por tanto, los argumentarios: no es obligado estar físicamente en el Parlament, lo que es obligado es justificar la ausencia, ¿es eso?

La siguiente pregunta también es pertinente: ¿debe sopesar el juez si un prófugo podría ser o no investido para decidir si le detiene? ¿No es esa una cuestión política, y no procesal? ¿Qué dice el juez? Que dado que Puigdemont tiene dicho que su objetivo es restablecer el gobierno que proclamó la república, facilitarle el regreso al gobierno sería contribuir a que reincida. ¿Está vistiendo de argumento jurídico una pretensión política? Esta pregunta también es razonable.

La euroorden no la retiró por temor a que la justicia belga limitara la investigación a Puigdemont, sino por temor a que lo hiciera cualquier otra justicia. Lo que vale para Bélgica vale para el resto de los países. O dicho de otra manera, Puigdemont puede viajar a donde quiera. Siempre que no sea España.

Es verosímil que la intención de Puigdemont fuera ésta que plantea el juez.

Y que Llarena esté poniendo las luces largas donde los demás viajamos con las luces del minuto a minuto. Él tiene que asegurar que el día que haya juicio nada ni nadie quede fuera.

A lo mejor, ojalá, dentro de un año tenemos que celebrar que la instrucción judicial llegó a puerto, que se esclarecieron los hechos, se procesó a los delincuentes y ninguno de ellos quedó al margen de la justicia gracias a la pericia de un juez que supo esquivar las trampas que le iban poniendo.

Pero aquí estamos contarles lo que pasa casa día. El futuro aún no está a nuestro alcance y de pronósticos fallidos, admitámoslo, están sembradas, las tertulias.

Vayamos, por tanto, a los hechos a día de hoy.

Son éstos cinco:

Primero.- El único candidato a la investidura es el mismo ciudadano que comandó el asalto a la legalidad democrática. El mismo que proclamó la República Catalana. El mismo que, nada más hacerlo, se dio a la fuga.

Segundo.- El presidente del Parlamento ha anunciado que viajará a Bruselas y a la cárcel de Estremera para reunirse con los prófugos y los reclusos preventivos. Tal como adelantó en su discurso de la semana pasada, son estos diputados su prioridad, los que están imputados por graves delitos que él aplaudió.

Tercero.- Los dos partidos que impulsan la candidatura del prófugo están negociando ya el reparto de las consejerías del nuevo gobierno. A sabiendas de que la investidura sería un fraude de los usos parlamentarios, del reglamento y del Estatut, van a investirle president en ausencia. Ya no cabe duda.

Cuarto.- El huido tiene, desde ayer, la seguridad de que no sólo puede seguir haciendo vida normal en Bruselas sino que puede viajar a donde le parezca. Al país que prefiera. Si mañana se subiera a un avión para salir de Europa e instalarse en un país sin tratado de extradición, nadie se lo impediría.

Y quinto.- Puigdemont, el jefe de la organización investigada (así lo dijo el juez), el principal imputado, el huido, Puigdemont es dueño soberano de sus actos. A todos los efectos. Él escoge su futuro. Si escoge irse a Catar e intentar gobernar desde allí, pues a Catar. A los suyos les va a parecer estupendo y al Estado español, imposible de evitar.

A día de hoy la única convicción de los constitucionalistas es que, en caso de consumarse la investidura fraudulenta, el Tribunal Constitucional la tumbaría. Convicción, que no seguridad. No hay precedentes de una situación parecida. ¿Estamos seguros de que el Constitucional anularía la investidura de un diputado por eludir voluntariamente su presencia? Nadie responde, en realidad, a esa crucial pregunta.

La legislatura del nuevo tono se parece cada vez más a la legislatura precedente, la de la infamia.

• En aquella se forzó el reglamento para aprobar leyes inconstitucionales pasando por encima de la oposición.

• En ésta el reglamento se va a forzar para investir presidente al ausente.

• En aquella la embestida contra el Estado consistía en celebrar un referéndum de autodeterminación.

• En ésta, la embestida consiste en hacer un gobierno de prófugos y presidiarios.

• En aquella el mantra del mandato popular —la mayoría absoluta en el Parlamento— se usó para justificar todos los abusos de poder del gobierno puigdemoniaco.

• En ésta el mandato popular resulta que es restituir al gobierno destituido y seguir adelante con el proceso. Ya está otra vez el mandato popular como coartada.

Y sí, la diferencia es que ya se aplicó el 155. Ya actuó la fiscalía. Ya está el asunto en manos del Supremo. Los promotores de la embestida saben lo que sucede cuando se cruza la línea roja que separa las pretensiones legítimas de los procedimientos ilegales.

Ya se aplicó el 155 y ya intervino la fiscalía.

Y habiendo sucedido ambas cosas, es verdad que el independentismo sigue clavado en el 47 % de apoyo social en Cataluña. Tan verdad como que Puigdemont sigue a su aire, pilota el rodillo independentista y sigue adelante con la arremetida.

Pero bueno, consolémonos porque una profesora danesa le hizo preguntas difíciles ayer en una mesa redonda. Marlene Wind. La Arrimadas danesa. Nuestra nueva heroína.

Las mismas preguntas que se le han hecho a Puigdemont repetidamente en el Parlamento catalán pero en inglés y en el extranjero. Donde al menos empiezan a ver que hay una versión de la historia distinta de la que va martilleando le fantasma.