La presencia de Rajoy en este juicio la pidieron Vox y dos de los abogados defensores. Vox, a juzgar por el interrogatorio de ayer, sólo buscaba la confirmación de su tesis como acusación: que hubo intento de romper la unidad de España por parte del gobierno de Cataluña. Las defensas de Rull, Turull y Jordi Sánchez se entiende que pretendían convencer al tribunal de que no está probado que sus defendidos delinquieran. Pero si ése es el objetivo de los abogados, con el testimonio de Rajoy (por más que le intenta-ran buscar las vueltas) no parece que hayan avanzado.
Aquellos que esperaban ver en grandes apuros al ex presidente del gobierno habrán quedado defraudados. Aquellos que aguardaban revelaciones, datos no conocidos, en su testimonio se sentirán decepcionados. Y aquellos que esperaban que los abogados defensores de Jordi Sánchez, Rull y Turull le sacaran a Rajoy algo que hasta hoy nunca hubiera dicho ya habrán visto que el empeño quedó frustrado.
A la manera mariana, con ese punto de desgana, de displicencia, tan propio del personaje, Rajoy ha ofrecido la declaración más coherente y más sólida de cuantas se han escuchado en el Supremo. Porque en todo momento tuvo presente cuál es el fondo del asunto que aquí se juzga. Y porque estuvo más explícito ayer que en sus seis años de gobierno.
Él presidía el gobierno de España, hizo ver a dos presidentes autonómicos de Cataluña —primero Artur Mas y después, Puigdemont— que la autodeterminación es contraria a la soberanía nacional que la Constitución en vigor atribuye únicamente al pueblo español, ellos confirmaron que estaban al tanto de ello, reclamaron —a pesar de todo— que el gobierno central tragara con hacer un referéndum de independencia, él respondió que eso nunca iba a pasar y ellos respondieron tirando para adelante con una hoja de ruta independentista que incluía la celebración del referéndum ilícito, la desobediencia al Tribunal Constitucional, la aprobación de leyes autonómicas inconstitucionales y la proclamación de la secesión. Si en la ejecución de esa hoja de ruta incurrieron las doce personas hoy procesadas en el delito de rebelión, conspiración o sedición, ya no le corresponde decirlo a Rajoy, obviamente, sino al tribunal juzgador.
La jornada de ayer sirvió para refrescarnos la memoria de lo que ocurrió entre 2012, cuando Artur Mas se subió a la ola independentista para cabalgarla, y 2017, cuando Rajoy destituyó al hijo díscolo de Mas, el valiente Puigdemont. Desde Moncloa se ofrecía diálogo, reuniones, financiación en los mercados, inversiones. Desde la Generalitat se reclamaba autodeterminación. Y sobre eso, dice Rajoy, nunca hubo negociación alguna.
El cauce democrático, inmaculado, para llevar adelante la aspiración de la autodeterminación es la reforma de la Constitución. Que como dijo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría en la declaración anterior, y a preguntas del abogado de Jordi Sánchez, es lo que los procesados nunca han querido asumir.
Los abogados defensores llevaron el interrogatorio por el lado del inmovilismo del anterior gobierno —este tópico de que decía no a todo pero no ofrecía alternativas políticas— y de las cargas policiales del primero de octubre. Se ponía estupendo el abogado Pina al preguntar a Rajoy y Santamaría si vieron las imágenes de la actuación policial. Si supieron cuántos heridos hubo. Si tuvieron algún gesto hacia los ciudadanos lesionados.
Tuvo mucho interés en citar como testigo a Rajoy para poder preguntarle por Urkullu —hoy terminaremos de ver con qué fin—. Que si Urkullu hizo de mediador. Que si Rajoy atendió personalmente a Urkullu.
Seguramente la pregunta es si todo esto tiene alguna relevancia para el asunto que se juzga. Que no es cómo gestionaron Rajoy y Santamaría el desafío que plantearon Puigdemont y Junqueras sino si Puigdemont y Junqueras llevaron ese desafío hasta la delincuencia.
Es comprensible que los abogados arrastran algunos vicios del debate propagandístico anterior al juicio. Pero aquí no se trata de hacerle una buena entrevista incisiva al testigo que comparece, sino de convencer al tribunal de que la acusación no está probada.
· El juicio no consiste en establecer si Rajoy gobernó bien, mal o regular.
· No se trata de saber si Rajoy dialogó mucho, poco o nada con el movimiento nacional independentista.
· No se trata de establecer si hubo muchos o pocos heridos el primero de octubre o si la policía se excedió en sus métodos (para eso ya hay causas abiertas en otros juzgados).
· No consiste el juicio en demostrar si Urkullu hizo de mensajero entre el gobierno central y Puigdemont, que en efecto lo hizo.
· Y no se trata de juzgar si la señora Saénz de Santamaría está en lo cierto o se equivoca al decir que lo que no se publica en el boletín oficial no existe. Porque no es su criterio el que decantará la sentencia de un lado o del otro. Es el criterio del tribunal sobre los hechos y actuaciones juzgados.
Al final las defensas lo que van a demostrar es que Rajoy dejó hacer demasiado a sus defendidos. Como no penalizó la convocatoria de referéndum, como no aplicó el 155 a la primera, como no recurrió al Constitucional el discurso de investidura de Artur Mas, ah, entonces es que no delinquieron. En realidad lo que quedó patente ayer es que Rajoy se agarraba a cualquier cosa para demorar la decisión de aplicar el 155. Le pidió aclaración por carta a Puigdemont, le dio tres días para que reflexionara, le hizo llegar el mensaje de que si convocaba elecciones se olvidaba del 155 y todo lo que consiguió —como le había pasado antes con la operación diálogo— es que le dejaran por cándido y desinformado. A Rajoy le faltó decirle ayer a los abogados: tienen ustedes razón, visto lo visto tenía que haberme dado cuenta mucho antes.
