El Consejo de Ministros cesa a Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres por los contratos adjudicados a empresas vinculadas a ella y a su esposa para la gestión de los Puntos Violeta en municipios gobernados por el PSOE.
La polémica generada por este asunto ha sido suficiente para que, sin llegar a los tribunales, el Gobierno haya decidido que es conveniente preservar la limpieza en la vida pública y la cesa.
Es evidente que hay una doble vara de medir según la cual en función de quién sea el personaje público afectado, el ejecutivo o bien actúa sin miramientos o bien sale en tromba a defender a una persona, incluso aunque la afectada no tenga responsabilidad pública.
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