Definitivamente el gobierno se ha echado al monte. La ministra de Hacienda y número dos del Partido Socialista, María Jesús Montero, ha dado un paso más en las amenazas del ejecutivo a los jueces.
Les exige que no admitan el recurso del PP, que no admita presiones de la oposición (se entiende que las del gobierno sí) y que no lleven la contraria al Ejecutivo porque de hacerlo el Constitucional estaría poniendo en riesgo su propia legitimidad.
Los miembros del Gobierno deberían calibrar la trascendencia de lo que dicen a no ser que la desconozcan. Pero si son conscientes de lo que expresan hoy tristemente tenemos que concluir que uno de los poderes del Estado, el ejecutivo, está dispuesto a declarar ilegítima a la Justicia si no se aviene a sus deseos.
Las leyes y los tribunales son los que en una democracia garantizan que todos somos iguales. Salvo que en Moncloa piensen que ellos son más iguales que otros.
