Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Este es uno de los principios rectores de la democracia moderna.
Pero en España, el gobierno lo matiza. Por ejemplo. Si todos nos tenemos que supeditar a la norma, pues se fabrica una a medida con los delincuentes para borrar sus delitos y lo llaman amnistía. A veces hacen un trabajo mediocre y el Supremo utiliza esa misma norma para frenar la indignidad.
Todos somos iguales, pero si has participado en el mayor escándalo de la democracia durante el mandato socialista de la Junta, lo mismo se te puede hacer algún cariño en forma de excarcelación, aunque lo tuyo haya sido dilapidar el dinero público.
En ese caso, siempre puedes confiar en que el Constitucional dirigido por Conde Pumpido, -cuya encomienda es solo velar por el cumplimiento de la carta magna, no juzgar nada-, decida que él es mejor tribunal que el Supremo, le enmiende la plana y empiece a excarcelar.