Estamos con Miguel Ángel Martínez-Aroca, que es presidente de ANPIER, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica y abogado experto en regulación de energías renovables.
Hace diez años, había dos maneras de abordar la cuestión del calentamiento global y la reducción de emisiones: o bien con dinero del Estado, a través de Presupuestos generales (que no lo había) o bien, haciendo un llamamiento a la inversión privada.
“Acudimos más de 60.000 familias fotovoltaicas con el objetivo de ayudar a nuestro país a cumplir los objetivos internacionales de reducción de emisiones. Con el tiempo, la marcha atrás por parte de la administración fue muy evidente y a lo largo de los años hemos ido conociendo decisiones administrativas que nos han hecho perder un poco el sentido de lo que se estaba haciendo con la energía fotovoltaica en España”, expresa el presidente.
“Pasamos de ser un referente internacional con más potencia fotovoltaica instalada en apenas un año, una inversión cercana a los 25.000 millones y siendo un ejemplo de transición energética justa y renovable, a ser un auténtico esperpento y ridículo mundial: único país del mundo que una vez realizadas las inversiones, decidió comenzar a jugar con los inversores”, asegura Miguel Ángel.
En España muchos agricultores vieron esta opción como una alternativa o una forma de complementar el trabajo en el campo, la instalación de lo que conocemos todos como placas solares. Muchos de ellos ahora se han arruinado, esperando que la administración se aclarara con esta cuestión.
“Es absolutamente insuficiente lo que tenemos construido en energías renovables en la actualidad en España”. Desde esta cuarta edición hacen un llamamiento al Estado: “Le pedimos al gobierno que cambie el modelo de producción solar fotovoltáica de macroplantas, propiedad de un único titular, a una distribución en muchos actores porque con ellos se genera riqueza, se anclan economías y se da oportunidad a muchas pymes de nuestro país”, apuesta Aroca.