Ya sabemos que hay una ley de vivienda aprobada en el año 2023 que puso especial atención en proteger a las personas más vulnerables, pero además, algunos jueces están proponiendo soluciones más rápidas para abordar la ocupación ilegal porque creen que es necesario equilibrar los derechos de los propietarios con los de los ocupantes.
Los dueños hartos de un proceso de desahucio agotador, muchas veces optan por alternativas que no resuelven el problema. Para hablar de ello en Por fin hablamos con José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario.
Al ser preguntado por el por qué algunos afirman que la ley beneficia a las personas que ocupan una vivienda dice que "en la Ley de vivienda que se aprobó el año pasado viene a ser una copia de la legislación que se había aprobado a nivel autonómico en Cataluña. Entonces, ya en el 2015 se empezaron a probar las nuevas leyes en 2019, 2022... Entonces la Ley de vivienda a nivel estatal cometió el error de copiar lo que no funcionaba" , ha asegurado.
"Y qué es lo que no funcionaba? En primer lugar, equiparar la figura del ocupante ilegal con la del inquilino o la del deudor hipotecario. Es decir, la ley te contempla las mismas medidas para un inquilino que para un okupa que le ha pegado una patada a la puerta y ha entrado en una vivienda. ¿Qué está ocurriendo? que están dificultando la recuperación de la posesión de las de las viviendas por parte de los de los propietarios" afirma.
"O sea, por un lado, tenemos el problema de los arrendamientos, pero que ya de por si el propietario, el pequeño propietario que es el gran casero de nuestro país, está teniendo unos problemas enormes a raíz de las leyes que se han ido aprobando en los últimos años, principalmente por un motivo ajeno, porque se están prorrogando leyes que se aprobaron a raíz de la crisis sanitaria del Covid, pues aquellas suspensiones que se aprobaron el año 2020, todavía se están prorrogando hasta el 31 de diciembre de este año 2024", sentencia.
"Con lo cual ¿qué está ocurriendo? Pues un okupa que había entrado en una vivienda en el año 2019, por ley, no lo puedes echar hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces se aprueba el año pasado una ley que ya no sólo mantiene la suspensión de las leyes que se habían aprobado con el Covid, sino que dificulta todavía más la presentación de las demandas porque exige al propietario, averiguar la vulnerabilidad del ocupante ilegal. Es decir, alguien que ocupa una vivienda, para que el propietario lo pueda echar, tiene que dirigirse a la comunidad autónoma y a servicios sociales y preguntar si el ocupa es vulnerable. Si lo es, se tiene que someter a un proceso de mediación, con lo cual ¿qué está ocurriendo? que se está promoviendo, fomentando la ocupación ilegal", asegura.
Qué medidas podrían implementarse para acelerar un proceso de desahucio
José María Español asegura que "las reglas del juego han de ser claras desde el momento que tu firmas un contrato de alquiler. Es decir, una situación excepcional fue la crisis sanitaria y eso nadie lo pone en duda. El problema fue que a raíz de la crisis sanitaria, una persona que fue la que el que firmó un contrato de alquiler antes de marzo del año 2020 sabía las reglas de juego, sabía que estaba sometido, pues a la Ley de Arrendamientos Urbanos, esa digamos no afecta, pero que le ha afectado la ley que regula el proceso civil para poder recuperar la posesión de su vivienda que tiene arrendada" asevera.
"Entonces, qué está ocurriendo? que personas que firmaron con unas determinadas circunstancias y una determinada ley, pues antes de la entrada en vigor de estas reformas que que hubo el año 2020 que es un Real Decreto, el 11/20 se encuentra ahora, pues imagínate con el proceso suspendido hasta el 31 de diciembre del año 2014 por la crisis sanitaria del Covid en 2019" afirma.
"No vuelvo a alquilar más"
"La frase preferida de un propio pequeño propietario cuando recupera una vivienda es "no vuelvo a alquilar más". Es decir, entonces estás expulsando del mercado de alquiler al pequeño propietario, que es al que necesitas imperiosamente. Porque es que hemos de tener en cuenta que el 90% de las viviendas que se alquilan en España no son de grandes tenedores, son de pequeños propietarios", ha sentenciado.
