En un escenario internacional cada vez más incierto, marcado por la amenaza rusa y el cambio de rumbo en la política exterior de Estados Unidos, Europa ha comenzado a reforzar su gasto en defensa y a plantearse nuevas estrategias de reclutamiento militar. En este contexto, en España ha resurgido el debate sobre la posible recuperación del servicio militar obligatorio, una medida que cuenta con el respaldo del 68% de los franceses y el 58% de los alemanes y que ya ha sido reimplantada en países como Lituania, Suecia, Letonia y Croacia.
Chema Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, ha analizado la capacidad de las Fuerzas Armadas españolas para hacer frente a un conflicto internacional de alta intensidad. Según Gil, España dispone de un ejército altamente profesional y tecnificado, pero con un número reducido de efectivos, aproximadamente 100.000 militares, incluyendo todos los rangos. En caso de guerra, ha estimado que sería necesario movilizar al menos 60.000 personas más, algo que se complica por la ausencia de una alternativa a la mili que mantuviera a la población entrenada en defensa y seguridad.
El experto ha destacado la falta de una cultura de seguridad y defensa en España, a diferencia de otros países europeos donde esta formación se imparte desde la educación secundaria. En Francia, por ejemplo, es obligatorio estudiar asignaturas sobre valores republicanos y defensa para acceder a oposiciones públicas. Gil ha subrayado que no se trata de recuperar el servicio militar como un castigo o una vía para jóvenes sin oportunidades laborales, sino de fomentar la preparación ciudadana ante escenarios de crisis. "La mili no puede ser una segunda escuela que enseñe a la gente la necesidad de ser útiles, de trabajar o de estudiar. Es un ejercicio de preparación para ayudar a los compatriotas".
Además, ha recordado que la Constitución española mantiene el derecho y deber de todos los ciudadanos a defender España, lo que permitiría reactivar el servicio militar obligatorio en caso de necesidad. De hecho, en un estado de guerra, el Gobierno podría movilizar a ciudadanos de entre 18 y 55 años para tareas de defensa activa o pasiva. Quienes se negasen a colaborar podrían enfrentarse a cargos penales severos. Gil ha enfatizado que "en una situación de guerra, las leyes penales agravan la conducta hasta el punto de que negarse a participar podría ser calificado de traición".
En cuanto a la situación de los militares profesionales, Gil ha valorado positivamente la reciente subida de 200 euros en sus salarios, pero ha destacado que siguen estando mal pagados en comparación con sus homólogos europeos. Pese a ello, las Fuerzas Armadas españolas gozan de un alto reconocimiento social, demostrado en misiones internacionales como la guerra de Yugoslavia. "Los militares españoles han sabido ganarse el respeto internacional, y su labor ha sido reconocida en lugares como la antigua Yugoslavia, donde aún hay plazas dedicadas a España en señal de agradecimiento", ha explicado Gil.
