El déficit de Extremadura se ha situado en el 1,4 por ciento por ciento del PIB en el primer semestre del año hasta alcanzar los 280 millones de euros, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda. Mientras, La deuda pública de Extremadura se situó en el segundo trimestre del año en 4.970 millones de euros, lo que supone 125 millones más que el anterior, y supone ya el 25,3 % del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra récord. Al cierre de junio de 2018, la deuda extremeña representaba el 24,4 % del PIB.
El déficit de Extremadura se ha situado en el 1,4 por ciento por ciento del PIB en el primer semestre del año hasta alcanzar los 280 millones de euros, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Hacienda. Mientras, La deuda pública de Extremadura se situó en el segundo trimestre del año en 4.970 millones de euros, lo que supone 125 millones más que el anterior, y supone ya el 25,3 % del Producto Interior Bruto (PIB), una cifra récord. Al cierre de junio de 2018, la deuda extremeña representaba el 24,4 % del PIB.
La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha recibido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Consolat de Mar tras el despacho de verano con el rey en Marivent.
Bruselas ha propuesto formalmente el cierre del expediente a España por déficit excesivo en el que ha estado desde 2009, e inicia el procedimiento sancionador contra Italia por no haber tomado las medidas necesarias para reducir la deuda pública, que está en el 132% del PIB.
Bruselas ha propuesto formalmente el cierre del expediente a España por déficit excesivo en el que ha estado desde 2009, e inicia el procedimiento sancionador contra Italia por no haber tomado las medidas necesarias para reducir la deuda pública, que está en el 132% del PIB.
"En la región de Murcia no se ha desmantelado ninguna roturación ilegal de monte para plantar lechugas o uva de mesa"
El funcionario de la CHS, Francisco Turrión deberá ser indemnizado con 12.000 euros por daños morales. El juzgado ha condenado al ministerio de agricultura que a finales de 2017, estaba en manos de García Tejerina, le abrió expediente disciplinario y le sancionó con la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses a raíz de la publicación por la organización Greenpeace del informe “La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después” en el que participó Turrión. El fallo judicial concluye que hay “sobrados indicios de que el auténtico móvil de la sanción fue coartar la libertad de expresión del funcionario que se atrevió a cuestionar el trasvase del Tajo. Además, deberán resarcirle los 26.000 euros de salarios dejados de percibir, así como las vacaciones. El informe de Greenpeace sostenía que la región tenía agua subterránea suficiente como para no depender del trasvase del Tajo. Un informe que veinticinco expertos de una docena de universidades calificaron de “falsedades pseudocientíficas”. Turrión, que también es experto en hidrogeología, ha declarado en Onda Cero que la superficie de regadío ilegal en la cuenca del Segura “seguirá creciendo mientras no se incluya en el Código Penal la figura del delito contra los recursos” y recuerda que, aunque dicen que no hay agua, las exportaciones hortofrutícolas no dejan de aumentar en la región de Murcia hasta alcanzar en 2018 cifras récord. Turrión estima que 64.000 hectáreas de regadío son ilegales en la cuenca del Segura porque se está superponiendo el regadío de hecho con el regadío de derecho a cuenta de la denominada UDA (Unidad de Demanda Agraria) y recuerda que ninguna roturación ilegal de monte para la plantación de lechugas o uva de mesa ha sido desmontada por la Guardia Civil en la región de Murcia.
"En la región de Murcia no se ha desmantelado ninguna roturación ilegal de monte para plantar lechugas o uva de mesa"
El funcionario de la CHS, Francisco Turrión deberá ser indemnizado con 12.000 euros por daños morales. El juzgado ha condenado al ministerio de agricultura que a finales de 2017, estaba en manos de García Tejerina, le abrió expediente disciplinario y le sancionó con la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses a raíz de la publicación por la organización Greenpeace del informe “La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después” en el que participó Turrión. El fallo judicial concluye que hay “sobrados indicios de que el auténtico móvil de la sanción fue coartar la libertad de expresión del funcionario que se atrevió a cuestionar el trasvase del Tajo. Además, deberán resarcirle los 26.000 euros de salarios dejados de percibir, así como las vacaciones. El informe de Greenpeace sostenía que la región tenía agua subterránea suficiente como para no depender del trasvase del Tajo. Un informe que veinticinco expertos de una docena de universidades calificaron de “falsedades pseudocientíficas”. Turrión, que también es experto en hidrogeología, ha declarado en Onda Cero que la superficie de regadío ilegal en la cuenca del Segura “seguirá creciendo mientras no se incluya en el Código Penal la figura del delito contra los recursos” y recuerda que, aunque dicen que no hay agua, las exportaciones hortofrutícolas no dejan de aumentar en la región de Murcia hasta alcanzar en 2018 cifras récord. Turrión estima que 64.000 hectáreas de regadío son ilegales en la cuenca del Segura porque se está superponiendo el regadío de hecho con el regadío de derecho a cuenta de la denominada UDA (Unidad de Demanda Agraria) y recuerda que ninguna roturación ilegal de monte para la plantación de lechugas o uva de mesa ha sido desmontada por la Guardia Civil en la región de Murcia.
El Pleno del Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha rechazado la flexibilización de los objetivos de déficit propuesta por el Gobierno socialista, con lo que decae la nueva senda presupuestaria pese a contar con la aprobación del Congreso.
