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Ecologistas en Acción propone dos polémicas medidas para luchar contra la crisis climática ya que, aseguran, que el sector de la aviación contribuye entre un 5% y un 8% al calentamiento global.

La doctora en biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez está analizado artículo por artículo el nuevo Decreto Ley para la Protección Integral del Mar Menor y está comprobando que es un "claro retroceso respecto de la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor de febrero de 2018 respecto a las limitaciones que imponía regadío intensivo". Martínez, que también pertenece a Ecologistas en Acción dice que "el Decreto Ley no será eficaz porque no avanza con respecto a la normativa que ya existente y en muchos aspectos retrocede" y cita como ejemplo que "los fertilizantes de alta solubilidad que estaban prohibidos con la Ley de Medidas Urgentes, ahora se permiten bajo ciertas condiciones y en algunos casos sin condicionantes pese a ser los más contaminantes”. Otro retroceso tiene que ver con la cesión del 5% de cada explotación agraria para la implantación de soluciones basadas en la naturaleza como la plantación de setos vegetales para frenar escorrentías y atrapar nutrientes que obligaba la Ley de Medidas Urgentes y ahora, explica Martínez, “con el nuevo Decreto Ley, los embalses computarán como superficie basada en la naturaleza y en la zona 2 que es todo el Campo de Cartagena se sustituyen las barreras vegetales por caballones. Incluso los invernaderos con sistemas para recoger agua de lluvia pondrán computar toda la superficie plástica como solución basada en la naturaleza cuando no tiene nada que ver”. Julia Martínez insiste en que los vertidos que siguen llegando al Mar Menor son agrícolas y urbanos y, por tanto, responsabilidad directa del gobierno regional que tiene competencias y subraya que es absolutamente necesario “desmontar agricultura en una franja de, al menos, 2000 metros alrededor del Mar Menor”.