gota fria

El portavoz de la Asociación de Naturalistas del Sureste -ANSE-, Pedro García cree que hay que demoler construcciones en el entorno del Mar Menor y acometer una reconversión de la agricultura intensiva y del urbanismo "porque eventos extremos como la Gota Fría que acabamos de padecer pueden aumentar en fuerza y frecuencia debido a los efectos del cambio climático y a la acción del hombre eliminando u ocupando cauces de escorrentía o por el efecto barrera que ejercen algunas construcciones". Desde ANSE advierten de que "hay planes generales de ordenación en varios municipios del entorno del Mar Menor que prevén la construcción en zonas inundables e, incluso, la legalización de construcciones realizadas en zonas inundables". "Hay que decir a la población bien claro a la población que buena parte de las infraestructuras han colapsado en el entorno del Mar Menor, y casi ninguna de las medidas desarrolladas para reducir el efecto de las lluvias torrenciales sobre la laguna y su entorno ha contribuido a paliar los efectos de la gota fría. Las redes de alcantarillado se han desbordado en todas partes, los tanques de tormenta se llenaron a los pocos minutos de iniciarse las precipitaciones, muchos de los cultivos intensivos de buena parte de la ribera favorecieron el arrastre de cientos de toneladas de limos y arcillas hacia las viviendas y al Mar Menor por encontrarse desprovistos de cualquier tipo de vegetación, y en muchos casos con la topografía alterada para evitar la entrada de agua… mientras que el agua recuperaba antiguos cauces y destrozaba cultivos y viviendas mientras arrastraba al Mar Menor decenas de miles de fragmentos de poliestireno de origen agrícola, macetas, envases de todo tipo, incluso contenedores de basura, mobiliario urbano y fragmentos de coches" afirma el portavoz de ANSE. La organización ecologista lamenta que el Plan de Vertido Cero recientemente anunciado por el Gobierno del Estado encamina la mayor inversión a medidas similares a las ya realizadas en el pasado y presente, mientras que algunos ayuntamientos consolidan y amplían suelos urbanos en zonas inundables y el Gobierno Regional gasta la mayoría de los fondos en infraestructuras como los tanques de tormenta y rampas para embarcaciones sin ninguna mejora significativa del problema.

Antes de la declaración de zona catastrófica el ejecutivo espera que los técnicos puedan entrar zonas aún anegadas para poder evaluar los daños reales. Pero el consorcio de compensación de seguros habla de unos 30.000 afectados y un coste de unos 192 millones de euros.