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El hotel Guadalpín Banús vive una historia ciertamente inverosímil. No es el primer establecimiento turístico -ni será el último- en el que hay un conflicto laboral, con algunos trabajadores inmersos en un Expediente de Regulación Temporal del Empleo, protestas, otros empleados también preocupados por su futuro, etcétera, etcétera; pero sí lo es, al menos en la Costa del Sol, en el que esa situación es consecuencia de una concatenada relación de hechos que también son, vamos a dejarlo en, “raros”. La dirección, la empresa y el comité están en el mismo bando. Y esto ya dice mucho.

El hotel tiene cerradas varias de sus dependencias; algunas habitaciones, cocinas, restaurantes, terrazas y zonas comunes, porque sus propietarios parecen no estar de acuerdo con el dinero que la explotadora les paga en concepto de alquiler. Lo han denunciado y un juzgado les ha dado la razón, a pesar, conforme a lo señalado por las partes afectadas, todas las partes afectadas, han explicado que la resolución es contraria a la Ley de Turismo de Andalucía. Esto, así, grosso modo. Y ha ocurrido por segundo verano consecutivo. Porque en ambos casos, las resoluciones se han dictado con fecha efecto de julio.

Los primeros indicios apuntan a que estaba bajo los efectos del alcohol