Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional consideran que el impuesto es un "ataque frontal" a la autonomía financiera y política de las comunidades.
El gobierno regional de Ayuso presentó en febrero de este año un recurso contra este impuesto al considerarlo "un atentado" contra la Comunidad de Madrid.
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha informado de que el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía ha planteado este viernes un recurso de súplica contra la providencia del Tribunal Constitucional (TC) por la que denegaba la suspensión de la medida cautelar que había pedido la Junta para suspender el impuesto a las grandes fortunas.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el Gobierno andaluz planteará un recurso al Tribunal Constitucional (TC) ante el impuesto "de solidaridad" que el Ejecutivo central prevé aplicar a las grandes fortunas al considerar que se trata de un "ataque grosero" a la autonomía andaluza.
En declaraciones a los periodistas en Almería, Moreno ha afeado que el Gobierno emplee "de manera improvisada" una "técnica desde el punto de vista legislativo" para incorporar vía enmienda a los presupuestos generales del Estado (PGE) este impuesto que, considera, un "ataque directo y frontal" al Estado autonómico en España.
El presidente andaluz estima que se ha actuado "sin respetar" la autonomía andaluz y "pisoteando" el Estatuto, por lo que ha asegurado que se elevará un recurso "de manera prácticamente inmediata" una vez que se pueda tener acceso al contenido de esa enmienda con su publicación de cara a "evitar un atropello a nuestra autonomía y nuestra capacidad de Gobierno".
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado un nuevo paquete de medidas fiscales que se recogerán en los Presupuestos Generales del Estado.
La ministra de Hacienda ha avanzado que el Gobierno pedirá un "esfuerzo temporal" a las grandes fortunas con un nuevo impuesto que entrará en vigor en 2023.
La propuesta de Podemos fija un impuesto a las viviendas vacías, a la calidad nutricional y a las grandes fortunas. Además, elevaría la recaudación en Sociedades en 9.000 millones y la del IRPF en 6.000.