Mireia Roig

Mientras la administración intenta frenar a la asociación hostelera de Castellón que anima a abrir bares y restaurantes a pesar de la negativa del gobierno…, el abogado Alfredo García Petit advierte en Onda Cero que, de hacerlo efectivo, se podrían enfrentar a una multa de hasta 60 mil euros. Multa y sanción penal. Porque incurrirían en un delito contra la salud pública.

En portada este asunto que protagoniza la actualidad informativa y también la decisión de la Diputación: recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia la sentencia que les obliga a pagar medio millón de euros por un contrato que firmó el anterior gobierno del Partido Popular.

Casi 4.000 dosis que según CCOO y UGT habrían sido remitidas a otros puntos de la Comunitat pero que en realidad pertenecían a Castellón.Enseguida les contamos qué ha dicho la Conselleria de Sanidad sobre este asunto, ya que le hemos preguntado desde Onda Cero, en una jornada marcada por la división en la hostelería de la provincia. Una de las asociaciones amenaza con abrir el martes 16 de febrero pese a la prohibición de la Generalitat y la otra se desmarca alegando que eso es ir en contra de la ley.

"No es momento de bajar la guardia ni tampoco de pensar en relajar las restricciones que hay ahora mismo". El president de la Generalitat, Ximo Puig, reconoce que la evolución es favorable pero asegura que sería un error si no se mantienen las medidas actuales. Enseguida escuchamos sus declaraciones en una jornada en la que repasamos también lo sucedido durante el fin de semana: dos fiestas ilegales en Onda y más de 300 sanciones en los controles tras el cierre de las grandes ciudades.