José Molina denuncia que "la opacidad es tremenda en el SMS" y anima a los ciudadanos a preguntar más
27/09/2019 11:31
El SMS ha decidido interponer un contencioso-administrativo contra la resolución del Pleno del Consejo de la Transparencia de la región de Murcia que, por unanimidad de todos sus miembros, emplazó al SMS a facilitar la información requerida por parte la asociación “Murcia Transparencia Independiente”. El presidente del consejo, José Molina ha dicho que “el SMS está poniendo excusas de mal pagador para no facilitar una información a la que tenemos derecho y que permitiría a los ciudadanos auditar la gestión del dinero público destinado a sanidad. La opacidad es tremenda”. La asociación Murcia Transparencia Independiente pedía, entre otras cosas, un listado por hospital y especialidades de las intervenciones quirúrgicas realizadas en centros concertados con el sistema público de salud, en las que hayan intervenido personal facultativo o de enfermería del SMS durante los ejercicios 2015-2016. También pedía un listado de las pruebas diagnósticas realizadas en centros concertados sobre pacientes derivados por el SMS durante los citados ejercicios. El presidente del Consejo de Transparencia de la región de Murcia, José Molina dice que “sorpresivamente” la dirección de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma ha asumido los postulados del SMS que se niega a facilitar la información requerida con el argumento de que “una cosa es facilitar la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública de los sujetos a los que les resulta de aplicación las normas sobre transparencia. Y otra bien distinta es que, para facilitar la información pública, se tenga que digitalizar la información en soporte analógico que no ha sido digitalizada ni va a serlo para uso del propio organismo de que se trate. Precisamente mañana sábado 28 de septiembre celebramos el Día Internacional del Derecho a Saber, una iniciativa reconocida por las Naciones Unidas en la que se reclama derecho a acceder a la información de las administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas.
