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Con esta sentencia, el Tribunal no resuelve si procede o no la demolición o retirada de la Cruz, pero si deja sin efecto la protección cautelar.

La Sala de Gobierno del TSJ de Murcia ha decidido investigar qué ha pasado con cuatro jueces a los que se les pasó el plazo legal y han malogrado cuatro importantes causas de corrupción en la región de Murcia. La Sala de Gobierno ha acordado cursar visitas a los juzgados de Murcia, Lorca y Caravaca que se saltaron los plazos legales de seis meses para finalizar las investigaciones antes de adoptar medidas. El presidente del TSJ, Miguel Pascual del Riquelme ha recordado que los juzgados de instrucción de la región soportan cada año más de 80.000 causas de las que el 8% son declaradas complejas y advierte de que debido a la sobrecarga y a los plazos tan perentorios, tan cortos, establecidos por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede haber más errores. “La forma en la que se han estipulado los plazos máximos de instrucción incrementan las posibilidades de que se produzcan disfunciones y o errores”. Al revocarse la complejidad el caso La Sal que investiga una supuesta malversación multimillonaria en la desaladora de Escombreras, han sido anuladas todas las pruebas obtenidas desde el 7 de septiembre de 2018 que expiró el plazo para declarar compleja la causa. La Audiencia Provincial invalidó también las diligencias del caso Pasarelas de Puerto Lumbreras y absolvió al ex presidente, Pedro Antonio Sánchez. El caso Acal sobre la elaboración de informes hechos a medida por un despacho legal para expedientes urbanísticos también se archivó por completo. Y será archivado el caso King Kong sobre el auditorio de Cehegín para el que la Comunidad Autónoma otorgó una subvención de 9 millones de euros para su completa construcción y del que solo existen los cimientos.

El funcionario de la CHS, Francisco Turrión deberá ser indemnizado con 12.000 euros por daños morales. El juzgado ha condenado al ministerio de agricultura que a finales de 2017, estaba en manos de García Tejerina, le abrió expediente disciplinario y le sancionó con la suspensión de empleo y sueldo durante seis meses a raíz de la publicación por la organización Greenpeace del informe “La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después” en el que participó Turrión. El fallo judicial concluye que hay “sobrados indicios de que el auténtico móvil de la sanción fue coartar la libertad de expresión del funcionario que se atrevió a cuestionar el trasvase del Tajo. Además, deberán resarcirle los 26.000 euros de salarios dejados de percibir, así como las vacaciones. El informe de Greenpeace sostenía que la región tenía agua subterránea suficiente como para no depender del trasvase del Tajo. Un informe que veinticinco expertos de una docena de universidades calificaron de “falsedades pseudocientíficas”. Turrión, que también es experto en hidrogeología, ha declarado en Onda Cero que la superficie de regadío ilegal en la cuenca del Segura “seguirá creciendo mientras no se incluya en el Código Penal la figura del delito contra los recursos” y recuerda que, aunque dicen que no hay agua, las exportaciones hortofrutícolas no dejan de aumentar en la región de Murcia hasta alcanzar en 2018 cifras récord. Turrión estima que 64.000 hectáreas de regadío son ilegales en la cuenca del Segura porque se está superponiendo el regadío de hecho con el regadío de derecho a cuenta de la denominada UDA (Unidad de Demanda Agraria) y recuerda que ninguna roturación ilegal de monte para la plantación de lechugas o uva de mesa ha sido desmontada por la Guardia Civil en la región de Murcia.