El Cádiz fundamenta su solicitud en que "no puede tildarse de un mero error humano, sino de un grave y manifiesto error técnico arbitral, motivado por la actuación negligente y no excusable de los árbitros de la Sala VOR designados por la RFEF que, a criterio de esta Entidad, no sólo incumplieron las Reglas de Juego aplicables, sino que pasaron por alto la normativa vigente respecto a los principios y procedimientos regulados en el Protocolo VAR".
En un comunicado, la entidad cadista indicó que su decisión se debe a una “desafortunada y negligente actuación del colectivo arbitral”, en concreto “de los árbitros de la Sala VOR”, considerando que el club “se vio gravemente perjudicado”.
Los servicios jurídicos jurídicos del Cádiz han presentado un escrito de impugnación en el que se solicita la “nulidad” del partido a partir del minuto 81, momento en el que se “validó el gol” anotado por el argentino Ezequiel Ponce, que supuso el empate del Elche, “a pesar de venir precedido de un clamoroso y flagrante fuera de juego, no susceptible de interpretación, como demuestran las imágenes del partido”.
El club gaditano defendió en su comunicado que esta decisión no puede “tildarse de un mero error humano, sino de un grave y manifiesto error técnico arbitral”, motivado por la “actuación negligente y no excusable de los árbitros de la Sala VOR”.
Según el Cádiz, “no sólo incumplieron las Reglas de Juego aplicables”, sino que “pasaron por alto la normativa vigente respecto a los principios y procedimientos regulados en el Protocolo VAR”, y añadió que “no cabe duda” de que el equipo arbitral “incurrió en un error material manifiesto, grave, inexcusable y no justificable”, del que “se derivan perjuicios irreparables” para su club.
Recalcó, por ello, que el Cádiz CF “no permanecerá inmóvil ante la injusticia deportiva” que reclama y precisó que, “en función de los perjuicios deportivos y económicos que proceda inferir de la clasificación final”, valorará el ejercicio de “cuantas acciones legales le asistan en Derecho”, incluyendo la “acción de responsabilidad patrimonial” frente a las “personas, físicas o jurídicas, que en última instancia deban responder de los daños y perjuicios ocasionados”.
