Tras el suceso ocurrido el pasado mes de febrero en el puerto de Barbate con la muerte de los guardias civiles, desde JUCIL han denunciado al general de la guardia civil de Andalucía y al coronel de Cádiz por un presunto delito de homicidio por imprudencia. Ernesto Vilariño, secretario general de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil ha explicado en Onda Cero, que no entienden que tras alertar al coronel de que no se contaba con los medios necesarios y que se corría el riesgo de ser embestidos y arrollados por una narco lancha se les mandara esa noche al puerto de Barbate. Ha insistido en que la cadena de mando debería haber sido responsable y no hacer esa orden.
Ha indicado que en la actualidad los profesionales del GEAS no están cualificados para hacer abordajes en la mar y que los del GAR, que sí están más entrenados, no disponían de casco ni de los materiales necesarios. La barca en la que esa noche estaban los seis guardia civiles, tenía unos 500 kilos y unos 200 caballos de potencia en el motor y se enfrentaban a una lancha de más de 1200 caballos de de potencia. Ha insistido en que “hay un presunto delito contra la salud de los trabajadores”, y que piensan ir mas allá, pues “el resultado de una mala orden ha traído como consecuencia el asesinato de dos compañeros, heridas graves y la secuela psicológicas que van a arrastrar durante el resto de la vida” . Una orden, que insiste Vilariño, no se tenía que haber dado, cuando no contaban ni los componentes necesarios para realizar un abordaje, ni la preparación, ni los materiales necesarios para que esta intervención se hubiese hecho con garantía
En relación a los detenidos, ha expuesto que deberían permanecer en prisión pues se les imputan delitos graves por ser personas vinculadas con el narcotráfico, añadiendo que hay una posibilidad alta de que la puesta libertad de estos detenidos les lleve a fugarse del país, además de provocar el desasosiego ya existente entre los guardia civiles y un problema para toda la población en general. Ernesto Vilariño ha manifestado que se está perdiendo el principio de autoridad en la provincia y hay que hacer algo urgente para combatir la “narcocultura” que se está afianzando en el sur de España, algo que está provocando que no se quieran cubrir las plazas para las GEAS en Andalucía, por lo que habría que establecer una zona de especial singularidad y endurecer el código penal para estos delitos.
