El Palacio de Congresos de la calle Torrijos acoge el Sexto Congreso del ICLARS, Consorcio de estudios de ley y religión que se celebrará hasta el miércoles con el tema central “Dignidad humana, derecho, y diversidad religiosa: diseñando el futuro de sociedades interculturales.
El objetivo del congreso es analizar cómo la noción de dignidad humana, que constituye el eje central de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, puede contribuir a crear un terreno de entendimiento común entre concepciones antagónicas de los derechos humanos que tienen incidencia en el ámbito de la libertad de religión y creencia.
El encuentro está organizado por el Instituto para el Análisis de la Libertad y la Identidad Religiosa, Cultural y Ética con la colaboración y el patrocinio del Proyecto “Consciencia, Espiritualidad y Libertad Religiosa” de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España; la Universidad de Córdoba; la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA); el grupo de investigación REDESOC de la Universidad Complutense; y otras instituciones locales y regionales, públicas y privadas. Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y miembro del Comité Directivo del ICLARS.
Entre las temáticas que se van a tratar, el programa contiene aspectos relacionados el respeto mutuo entre posiciones divergentes acerca de la relación entre la libertad religiosa y otros derechos fundamentales: la contribución de los poderes legislativo y ejecutivo; la dignidad humana, derecho, y diversidad religiosa desde una perspectiva histórica: la campaña de James Pennington pro derechos humanos en contra de la esclavitud y del racismo o la sesión dedicada a analizar la historia y el estudio del derecho eclesiástico del Estado en Europa desde el siglo XIX.
La última y sexta sesión plenaria estará dedicada a analizar la propuesta sobre un diálogo sobre las perspectivas de futuro de la libertad religiosa en sociedades interculturales.
Aunque el congreso está dirigido predominantemente a personas del mundo académico de todo el mundo, está abierto a otros actores jurídicos con interés en materia de libertad y diversidad religiosa y cultural, tales como como personas vinculadas a instituciones gubernamentales, parlamentos, organizaciones internacionales, confesiones religiosas u ONG.
