La intervención policial llevada a cabo por los funcionarios de Málaga, dentro del Plan de Inspección redactado por la Secretaría General de Interior de la Consejería de la Presidencia, fue en la sede de la OID de la capital y el valor de estos cupones en el mercado hubiera alcanzado los 60.000 euros.
Por su parte, en Cádiz, la actuación, que ha sido denominada como “Operación Clemen”, también está enmarcada dentro del Plan de Inspección redactado por la Secretaría General de Interior y ha servido como complemento al cierre de las cuatro sedes de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID) en las ciudades de Cádiz, Algeciras, Jerez de la Frontera y Chiclana de la Frontera, por continuar con actividades ilícitas a pesar de las numerosas sanciones que se le habían impuesto.
El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha destacado el gran trabajo de la Unidad de Policía Adscrita y del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta, además de mostrar el compromiso del Gobierno andaluz en la lucha contra el juego ilegal. “El cierre de estas cuatro sedes que se dedicaban a actividades ilícitas y las dos incautaciones de boletos en Málaga y Cádiz muestran una vez más la gran labor de la Unidad de Policía Adscrita y de todos los funcionarios del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Junta. Los resultados están ahí y son fruto de un trabajo minucioso”. Con estas dos últimas incautaciones, son ya 428.680 boletos ilegales intervenidos desde 2019, lo que supone un importante golpe a este tipo de organizaciones ilegales y demuestra un importante nivel de persecución a los sorteos de lotería no autorizados en toda la región.Por otro lado, con el cierre de las cuatro sedes, que se realizó sin ninguna oposición por parte de sus responsables, se pretende el cese de su actividad y evitar así la utilización de estos locales para la distribución ilegal de lotería no autorizada. La OID vendía boletos al año por valor de más de 3 millones de euros y sólo tenía contratadas a siete personas de manera temporal, dado que los vendedores no estaban dados de alta en la Seguridad Social y sólo cobraban conforme a los boletos que diariamente vendían. Esta medida de cierre se enmarca en el ámbito de un nuevo procedimiento sancionador por actividad de juego sin autorización administrativa. La multa prevista para estos casos puede ascender hasta los 300.000 euros. Lo que ha motivado esta medida, casi inédita en España, es la ineficacia de las sanciones administrativas para evitar que la organización persista en su actividad de juego ilegal. Han sido cientos de miles de boletos decomisados por la Unidad de Policía Adscrita estos últimos años sin que ello haya impedido que se mantenga dicha infracción.
La OID es una entidad que se dedica al juego no autorizado mediante la venta ilegal de boletos, ofertando premios de distinta índole y amparándose en tener trabajadores discapacitados. Sin embargo, dentro de los informes de la Unidad de Policía Adscrita, se constata que la mayor parte de sus vendedores no tienen discapacidad alguna, ni ninguna de sus cuatro sedes están adaptadas para el acceso de discapacitados.