Venancio tenía 63 años en 2017, cuando se le diagnosticó un grave aneurisma tras practicarle una angiografía. Los especialistas del Royo Villanova transmitieron a la familia los graves riesgos de vivir con esta 'bomba de relojería' en su interior. No tratarla con urgencia podía acarrear severas consecuencias e, incluso, la muerte. La respuesta a este diagnóstico, sin embargo, no estuvo a la altura de su gravedad.
Seis meses después del diagnóstico no había recibido llamada alguna para ser intervenido, pero tampoco para realizar un mínimo seguimiento de una dolencia que sólo puede empeorar si no es tratada. Y el pronóstico se cumplió: el aneurisma reventó y, aunque lograron salvarle la vida, sufrió secuelas irreversibles que desembocaron en una situación de gran invalidez, minusvalía del 76% y dependencia grado III.
El abogado del Defensor del Paciente, Ricardo Agoiz, califica como tomadura de pelo que en un primer momento el Gobierno de Aragón compensara al paciente con una indemnización de 10.000 euros porque sólo reconocía que se había producido una falta de información al paciente. Ante esta resolución, el letrado interpuso una demanda ante el TSJ de Aragón, que ha emitido una sentencia en la que se recoge que había posibilidades de tratamiento, y no era correcto no hacer nada, por lo que se le concede una indemnización de 200.000 €.