Los Colegios de Veterinarios de las tres provincias se han concentrado frente a las delegaciones del Gobierno para protestar contra la ley de medicamentos. El Real Decreto 666 obliga a los veterinarios a justificar el uso de antibióticos mediante pruebas de laboratorio, y sanciona hasta con 1,2 millones de euros por no notificar los tratamientos. Los veterinarios denuncian que esta normativa, que entró en vigor en enero, supone un problema de salud pública, ya que castiga el criterio clínico y aumenta la burocracia, no solo en las clínicas, sino también en el sector ganadero.
Los profesionales exigen también una reducción del IVA en las clínicas, que está al 21%. Los veterinarios de toda España constituyeron un Comité de Crisis en febrero para exigir una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pero aún no han recibido respuesta. José María González, veterinario de producción de animal y miembro del Comité, critica que el Gobierno de España defienda que la norma es una transcripción del Reglamento Europeo, puesto que, desde que en Italia se rectificó, el nuestro es el único país en el que se obliga a aplicar esta norma.
Asimismo, González ha señalado que en el proceso de ratificación del tratamiento, dilatado y burocrático, muchos animales han perdido la vida, y que la mortalidad en los animales de producción se ha multiplicado desde 2019, un proceso de reducción de antibióticos por el que defiende que no había necesidad de aplicar este decreto. La presidenta de la Asociación Empresarial Veterinaria de Aragón, María García, ha criticado que el Real Decreto no solo repercute negativamente en la salud de los animales, sino que promueve el mal uso del antibiótico y la contaminación ambiental. También pide una reunión con la ministra de Sanidad. "No puede ser que la administración haga oídos sordos a interlocutores sociales y al Consejo de Veterinarios de España. Deberíamos haber sido recibidos hace días".
