El Tribunal Territorial Militar Segundo, con sede en Sevilla, ha condenado a tres años, diez meses y 26 días de prisión, por delitos contra la eficacia del servicio y de abuso de autoridad, al sargento de la Legión juzgado por la muerte por un disparo de fusil de un legionario mallorquín de 21 años durante un ejercicio desarrollado en marzo de 2019 en el campo de maniobras de Agost (Alicante). La familia del fallecido reclamaba para él un total de 34 años de prisión.
La sentencia, emitida el pasado 29 de marzo, de 141 folios y recogida por Europa Press, condena al sargento de la Legión Antonio Saúl Guil a dos años, ocho meses y 26 días de prisión por un delito contra la eficacia del servicio militar, con las accesorias legales de suspensión de empleo, así como a indemnizar a los padres del legionario fallecido con 208,294,82 euros, declarando la responsabilidad civil directa de la aseguradora Plus Ultra hasta la cuantía de 150.000 euros y la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Además, le condena a 14 meses más de prisión, por dos delitos de abuso de autoridad del artículo 48 del Código Penal Militar, también con la accesoria de suspensión de empleo.
En paralelo, la sentencia le absuelve de un delito contra la administración de justicia, de tres delitos adicionales de abuso de autoridad que se le achacaban y de un delito de asesinato.
El tribunal declara probado que "uno de los disparos efectuados" por el sargento Guil en aquella maniobra "alcanzó al caballero legionario Jiménez Cruz", primero en el culatín de su fusil y después en su cuerpo, ocasionándole un "orificio de bala en el hemitórax derecho" que resultó mortal.
La sentencia absuelve además, y por completo, al resto de los acusados en este procedimiento, que fueron el capitán Antonio Cabello, acusado de deslealtad, abuso de autoridad, encubrimiento y desobediencia; el teniente Pablo Fernández, acusado de delitos contra la eficacia del servicio, abuso de autoridad, asesinato, contra los deberes del mando, de encubrimiento, desobediencia y deslealtad; el capitán Ricardo Gascón, acusado de un delito contra la eficacia del servicio y deslealtad; el cabo Alejandro Roca, acusado de encubrimiento y de delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas; el cabo Adrián Cóllar, acusado de encubrimiento; el soldado Abel García, acusado de encubrimiento y de delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas; y el soldado Alejandro Jiménez, acusado de encubrimiento.
La sentencia del Tribunal Territorial Militar Segundo es susceptible de recurso de casación ante la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo.
