Los profesores de la UIB investigados defienden su inocencia y niegan haberse enriquecido con el Minerval
Así lo han explicado los abogados defensores de los dos acusados después de declarar en el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma desde las 09.30 horas.
Los dos profesores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) investigados por la presunta estafa del Minerval, Xavier Busquets y Pablo Vicente Escribá, han defendido este martes su inocencia ante el juez y han negado haberse enriquecido con la venta del medicamento, asegurando que no hubo ninguna contraprestación económica.
Así lo han explicado los abogados defensores de los dos acusados después de declarar en el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma desde las 09.30 horas.
El abogado de Escribá, Santiago Fiol, ha mantenido que "no hay ninguna estafa" ni" engaño" y que la sustancia administrada ha sido "siempre" "un producto legal y patentado desde el año 2003".
En este sentido, la defensa de los acusados admite que se distribuyó el medicamento pero "sin contraprestación económica" ni "comercialización". Por ello, el abogado también ha rechazado que su cliente haya estafado 600.000 euros con la venta del producto y ha asegurado que se distribuía como un complemento nutricional.
Tanto el abogado de Escribá como el de Busquets, Andreu Rotger, se han mostrado satisfechos con cómo se han desarrollado las declaraciones ante el juez Enrique Morell.
Los dos profesores y otras tres personas fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad el mes pasado, acusados de presuntamente estafar más de 600.000 euros con la venta de la sustancia como medicamento.
Según datos de la Policía Nacional, hay más de una decena de denuncias de víctimas que compraron esta sustancia, abonando alguno de ellos cantidades que superaban los 25.000 euros.
La investigación sospecha que los arrestados se aprovechaban de su condición de profesores universitarios y de la situación de los enfermos y sus familiares para ofrecer la supuesta cura a la enfermedad a cambio de elevados importes, a través de una fundación sin ánimo de lucro que habían creado con la que presuntamente camuflaban los pagos como donaciones.
La sustancia está registrada por una empresa spin-off de una universidad balear y carecía de autorización para su venta al público, tal y como ha acreditado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, no habiendo superado las fases necesarias para ser considerado medicamento.
Los investigadores apuntan también a que los implicados estaban intentando comercializar igualmente un medicamento contra el Alzheimer, el Dhalifort.