Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los sucesos ocurrieron el día 25 de noviembre de 2020, cuando M.A.P.C. se dirigió a pie al exterior de la vivienda de un amigo suyo llamado J.G.C., sita en la localidad de Alcázar de San Juan, al que solía visitar con frecuencia para ayudarle en ocasiones en labores de limpieza de la casa a cambio de dinero, dado que tenía problemas de movilidad, pues le había sido reconocido un grado de discapacidad del 92%.
En esta ocasión, la acusada acudió a dicha vivienda con la intención de reclamar un dinero que al parecer J.G.C. le debía, sabedora de que este se encontraba en su interior, y entonces, al no abrir la puerta el mismo a pesar de que la propia acusada gritaba y llamaba insistentemente, procedió a fracturar de varias patadas la moldura inferior de la puerta de entrada a la vivienda, introduciendo la mano por el hueco creado y abriendo la puerta con la manivela de la misma, logrando así acceder al interior del piso, no sin antes volver a colocar la moldura de la puerta en su sitio.
Una vez dentro de dicha vivienda, al encontrarse con J.G.C. en la cocina, se inició una fuerte discusión entre la acusada y la víctima, motivada por la supuesta deuda.
Entonces, siempre según la versión de la Fiscalía, M.A.P.C., valiéndose de su fuerte complexión física y de que J.G.C. era una persona de menor envergadura y que contaba con problemas de movilidad y visión anteriormente indicados, le golpeó fuertemente en el macizo facial de la hemicara izquierda empleando para ello un objeto contundente aún no determinado, teniendo la intención de acabar con la vida del mismo o, al menos, siendo consciente del peligro que para su vida podría suponer un golpe en dicha zona.
Acto seguido, la propia acusada, actuando con intención de obtener un beneficio patrimonial económico, cogió a J.G.C., que estaba inconsciente a consecuencia del fuerte golpe sufrido, llevándoselo al salón y por último al dormitorio principal de la vivienda, tumbándolo en una cama que allí había, con un cojín sobre la cabeza, para acto seguido apoderarse de un televisor de plasma que estaba en el salón, abandonando el piso con dicho televisor en las manos.
Breves instantes después, la acusada M.A.P.C. se presentó en el cercano domicilio de R.M.G., ofreciendo a este adquirir el mencionado televisor de plasma, resultando que R.M.G. le entregó 50 euros en metálico, adquiriendo en ese momento dicho televisor.
Avisados tanto por vecinos del bloque donde J.G.C. tenía su vivienda como por familiares de la propia vícima, al extrañarse todos ellos por los ruidos y golpes que provenían de la vivienda del mismo, se personaron poco después varias patrullas de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Alcázar de San Juan, los cuales, tras acceder al interior del piso, encontraron allí únicamente al mencionado J.G.C., que estaba inconsciente y tumbado sobre un costado en la cama de su dormitorio, con un cojín colocado encima de la cabeza, habiendo diversos restos de sangre en dicha cama, como en suelo y muebles de la cocina y del salón del piso.
CONSECUENCIAS DE LA AGRESIÓN
A consecuencia de la agresión recibida de la acusada M.A.P.C., J.G.C.sufrió un traumatismo craneoencefálico de tal magnitud que no solo le produjo fracturas óseas sino que también le causó hemorragias cerebrales, edema cerebral y lesión axonal difusa con encefalomalacia.
A causa de dichas lesiones, J.G.C. fue trasladado a la UCI de Ciudad Real el mismo día 25 de noviembre de 2020, donde permaneció hasta el día 20 de enero de 2021, en que fue trasladado al Hospital La Mancha Centro y donde finalmente falleció el día 1 de febrero.
A juicio del Ministerio Fiscal, la acusada presenta un patrón de consumo de sustancias estupefacientes compatible con un abuso, aunque en el momento de los hechos no existían en su caso alteraciones psicopatológicas de entidad suficiente como para dar lugar a una afectación de sus capacidades cognitivas o volitivas en ningún grado, por lo que las mismas se consideran conservadas. La acusada permanece en prisión provisional por estos hechos desde el 27 de noviembre de 2020.
Por todos estos hechos, la Fiscalía ha pedido para M.A.P.C. una pena de 13 años y 6 meses de prisión por el delito de homicidio doloso y 4 años y 3 meses de prisión por el delito de robo en casa habitada. Además, solicita una indemnización de 24.000 euros para cada uno de los 9 hijos de la víctima.
