Después de la imputación de la alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles de la ciudad ha citado como investigados ahora al resto de los miembros que componen la Junta de Gobierno Local . Se les imputan dos posibles delitos, uno de malversación, y otro continuado de prevaricación, en relación a la condonación de una deuda, de casi dos millones y medio de euros, a una empresa de ITV.
Los dos ediles de Más Madrid, Susana García y Gabriel Ortega interpusieron la querella por este caso de las ITV el pasado mes de febrero y la alcaldesa Posse ya fue citada a declarar el pasado 18 de noviembre, y también la que fue concejal de Hacienda cuando ocurrieron los hechos y el socialista Aitor Perlines.
Desde Más Madrid explicaban que la decisión del Gobierno de Móstoles de no cobrar la deuda responde al "mero capricho de la sociedad y de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como del tesorero" que atendieron "al interés de la empresa privada" en vez de la administración pública. Además, en el escrito añadían que "la necesidad de la Administración era el cobro de la deuda contraída por la sociedad y no la condonación de más de la mitad de la deuda, el aplazamiento sin garantías e intereses de la deuda no condonada y la reducción del canon para los próximos 20 años". Y apuntaron que dicha decisión, presuntamente ilegal, fue tomada "a pesar de la existencia de dos informes desfavorables del Interventor y del Secretario del Ayuntamiento".
Imputado el resto del Gobierno de Móstoles
Ahora, la juez María Pinto ha llamado a declarar, el 16 de febrero de 2022, al primer teniente de alcalde, David Muñoz; a la concejala de Empleo y Nuevas Tecnologías, Rebeca Prieto; al concejal de Seguridad, Convivencia, Cultura y Transición Ecológica, Alejandro Martín; y a la concejala de Presidencia y Desarrollo Urbano, María Luisa Ruiz.
A su vez, el 28 de febrero de 2022 irán a declarar la concejala de Igualdad, Dolores Triviño; la anterior responsable de dicho área, ahora jubilada, Beatriz Benavides; y la edil de Educación y Juventud, Natividad Gómez.
Todo lo que se hizo fue para mantener los empleos y para garantizar que el Ayuntamiento pudiese cobrar al menos una parte de lo adeudado
Desde el Gobierno de Móstoles aseguran que se trata de "una querella política" y alegan que "todo lo que se hizo fue para mantener los empleos y para garantizar que el Ayuntamiento pudiese cobrar al menos una parte de lo adeudado".
Asimismo, la alcaldesa declaró el pasado 18 de noviembre ante los medios: "Simplemente decir que confío en la Justicia, es una querella política y se aclarará en breve. No voy a entrar en nada más".
Más Madrid pide "responsabilidades políticas"
Gabriel Ortega, el portavoz de Más Madrid ganar Móstoles, el partido querellante, pedía anoche "responsabilidades políticas" en 'La brújula de Madrid'. Además, comentó: "quién creo que debería mover ficha y actuar, por su propio interés, incluso, es el Partido Socialista de Madrid y Podemos de Comunidad de Madrid, porque ambos dos partidos tienen imputados a todos sus representantes en la segunda ciudad más poblada y, por tanto, más importante de la Comunidad de Madrid".
El PP pide al PSOE explicaciones o que adopten medidas
Asimismo, hay también ya valoración del consejero regional de Transportes y Vicesecretario Territorial del PP de Madrid, David Pérez. "El nuevo responsable del PSOE madrileño, el señor Lobato, dé algún tipo de explicación o adopte alguna medida, sobre todo, porque el PSOE es muy dado a que cada vez que hay un caso de este tipo, por ejemplo en el Partido Popular, inmediatamente exigen dimisiones y no respetan la presunción de inocencia".
