El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá antes de finalizar enero ante el Tribunal Constitucional (TC) el impuesto temporal de solidaridad del Ejecutivo a las grandes fortunas y solicitará su suspensión cautelar "en defensa de la economía española y madrileña" frente a "imposiciones ideológicas y fiscales".
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de manera extraordinaria en Alcobendas, Ayuso ha avanzado este recurso porque considera que el Gobierno invade competencias autonómicas en materia fiscal, genera inseguridad jurídica y vulnera la lealtad institucional.
Desde el Ejecutivo autonómico han argumentado que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas reconoce la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado, como es el caso de Patrimonio que la Comunidad de Madrid tiene bonificado al 100% desde 2008, sin embargo, "el nuevo gravamen introducido por el Gobierno central impone una cuota nacional para todas las autonomías de régimen común, invadiendo la gestión autonómica en la materia".
El impuesto "castiga" a los ciudadanos
Según Ayuso, al aplicarse retroactivamente para 2022, este impuesto, que tendrá una duración temporal de dos años a las fortunas de más de 3 millones de euros, "castiga" a los ciudadanos que no contaban con esta carga fiscal para este ejercicio y atenta contra la gestión financiera de las comunidades autónomas.
Asimismo, han señalado que "tanto el diseño del conocido como Impuesto de Patrimonio Bis como su tramitación vulneran principios básicos recogidos en la Constitución Española". Sostienen que perjudica a unos ciudadanos más que a otros, en función de su lugar de su residencia, infringiendo el principio de igualdad porque su objetivo es, precisamente, dejar sin efecto la bonificación que ya tienen fijada regiones como Madrid".
En cuanto al procedimiento, han hecho hincapié en que "no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica y de un dictamen del Consejo de Estado".
Considera así que el Gobierno central "ha obviado las advertencias que durante los últimos meses le han hecho tanto los letrados de la Cámara como este último organismo respecto a los procedimientos legislativos".
