El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra el impuesto a las grandes fortunas creado por la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, que el Gobierno regional presentó en febrero de este año por considerarlo "un atentado" contra la Comunidad de Madrid, avalando así la tasa.
Según han confirmado fuentes jurídicas, la votación se ha saldado con una mayoría de siete a cuatro. La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, César Tolosa, Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. En un rato os pasamos nota de prensa extensa.
El impuesto afecta a los patrimonios mayores de 3 millones de euros
El impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas, aprobado para los años 2023 y 2024, afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se produce entre el 1 y el 31 de julio.
El pasado mes de septiembre la Audiencia Nacional ya descartó suspender cautelarmente el impuesto, como pretendía la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF), al entender que ello supondría la suspensión de una ley, algo que está fuera de sus competencias.
El Gobierno defiende su "política fiscal justa"
El Gobierno en funciones ha puesto en valor su "política fiscal justa", después de que el Constitucional haya avalado el impuesto a las grandes fortunas.
"Es una decisión importante que adoptó el Gobierno en aras a lo que creemos es una fiscalidad que ha de ser justa", ha destacado la portavoz del Ejecutivo en funciones y ministra de política territorial, Isabel Rodríguez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Otras comunidades pendientes
Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como la Junta pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.
La decisión adoptada este miércoles por el TC tiene lugar 10 meses después de que el Senado aprobase el impuesto. La medida fue incluida vía enmienda en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos en la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes temporales a empresas energéticas y banca.
