Según ha informado el ministerio fiscal en un comunicado este jueves, la denuncia se ha presentado ante el Juzgado de instrucción 53 de Madrid por un posible delito de odio en ese cartel, en el cual se recrimina que los menores extranjeros inmigrantes cobren una paga mayor que los jubilados españoles.
El cartel, que se exhibe en estaciones de metro madrileñas, muestra en un lado una anciana y en el otro a un joven inmigrante embozado y encapuchado, con el texto "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes. Protege Madrid, vota seguro".
Una imagen física prejuiciosa
La Fiscalía cree que en él "se traslada no solo el supuesto importe económico que cuesta el mantenimiento de un mena (menor extranjero no acompañado) enfrentado al de un pensionista, cuestionándose así su carácter ético y legal, sino también una imagen física prejuiciosa del menor como persona extranjera, violenta y delincuencial".
Esto es porque, sostiene la Fiscalía, es ese "el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado".
Destaca así que el cartel muestra a un joven "racializado de piel oscura, con la cabeza tapada con la capucha de la prenda que viste y con la cara igualmente tapada por un amplio pañuelo".
La solicitud de retirada del cartel no solo afecta al que se exhibe en la estación de Sol del Metro de Madrid, sino también, según la denuncia, "a todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado".
Un colectivo doblemente vulnerable
El ministerio público, afirma el comunicado, tuvo conocimiento el pasado 20 de abril de la colocación del cartel y solicita esta medida cautelar porque, argumenta, "estos menores no nacionales son menores que carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional".
Ello, abunda, los convierte en un colectivo "doblemente vulnerable", tanto por su edad como por el desarraigo que padecen a causa en su origen extranjero.
Lo que exige "una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos".
En la denuncia, la Fiscalía recuerda que el delito de odio integra varios tipos en los que el bien jurídico protegido "es la dignidad de la persona, individualmente y como parte de determinados colectivos".
Estos tipos delictivos tienen en común, añade, "la concurrencia en el actor (en este caso Vox) de una concepción prejuiciosa" y una "actuación de intolerancia".
Para el ministerio fiscal, con la retirada del cartel la dignidad y la seguridad de un colectivo tan vulnerable como son los menores no nacionales quedaría protegida "sin vulnerar el derecho del partido político Vox de realizar propaganda electoral".
Esto es porque, dice, "el espacio publicitario contratado y ocupado por el cartel cuya retirada se solicita puede volver a ser ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña".
