MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO

Madrid presentará un recurso de inconstitucionalidad al decreto del plan energético de Sánchez

El Gobierno de Ayuso cree que se está poniendo en cuestión las competencias de la propia comunidad autónoma.

Europa Press

Madrid | 08.08.2022 17:17

Isabel Díaz Ayuso
Isabel Díaz Ayuso | Agencia EFE

La consejera de Medio Ambiente Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, ha avanzado este lunes que se presentará un recurso de inconstitucionalidadal realdecreto del plan energético del Gobierno de España, al considerar que se están "poniendo en cuestión las competencias propias" de la Comunidad, en concreto, las ligadas al comercio.

"Acabamos de concluir la reunión con las ministras y no hay rectificación por parte del Gobierno.Mantienen la imposición de las medidas al comercio, a los supermercados, al teatro y al cine, por citar algunos de los sectores más afectados. Hemos solicitado una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes, la convocatoria a sectores afectados y la retirada del real decreto legislativo, que impone obligaciones al sector privado", ha dicho Martín tras reunirse con la vicepresidenta, Teresa Ribera.

La consejera ha insistido en que desde el Gobierno regionalven necesario trabajar para disminuir el precio de la luz, ya que los españoles pagan "la factura más cara de la historia" y estasituación atenta contra el poder adquisitivo de las familias y su competitividad".

"Desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque se está poniendo en cuestión competencias propias de la Comunidad, en concreto, las ligadas al comercio", ha trasladado Martín.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha ratificado las declaraciones de Martín a través de Twitter: "Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España" y explica que el decreto ley es una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias de la comunidad y por tanto lo recurrirá al Tribunal Constitucional.

Iniciativas concretas para sectores

Asimismo Paloma Martín, ha asegurado que han presentado iniciativas para tener mapas más diversificados y respuestas concretas a sectores principales de la economía, pymes y autónomos. En esta misma línea, la consejera de Cultura, Marta Rivera, ha lamentado que a partir de mañana Madrid vaya a ser "la única gran capital europea cuyos escaparates permanecerán apagados". "Y será por mandato del Gobierno central.

Cuando los visitantes extranjeros señalan la sensación de seguridad por la noche como uno de los principales motivos para viajar a Madrid, la imagen de la Gran Vía completamente a oscuras es la mejor campaña de disuasión del turismo que podría concebirse", ha espetado.

Asimismo, el consejero regional de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha explicado que en la reunión han sido "muy críticos", al establecerse un "apagón obligatorio de todos los comercios, algo que no sucede ni en Berlín ni París ni Londres".

Evaluar ante las consecuencias

Para Fernández-Lasquetty, las cosas "no se pueden hacer así sin evaluar las consecuencias y la sensación de inseguridad que generan a un país turístico como España".

"Si no retiran este decreto para negociarlo, hablarlo y discutirlo la Comunidad va a tener que recurrirlo ante el Tribunal Constitucional porque invade nuestras competencias y es cargarle a los comerciantes con los fracasos del Gobierno", ha insistido.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Energética, Teresa Ribera,ha descartado este lunes que se vaya a modificar o aplazar la entrada en vigor del decreto de ahorro energético, pese a la peticiónde su retirada por parte de Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la retirada inmediata del decreto que recoge el plan de ahorro energético porque, según ha denunciado, "se ha elaborado a espaldas de las comunidades, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales", aunque ha dado "autonomía" a sus Ejecutivos regionales para recurrirlo si así lo consideran.