El delegado de Gobierno del Área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad de Madrid, Borja Carabante, confirmó este jueves que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) que tumbó parcialmente la Ordenanza de Movilidad Sostenible que regula las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid (ZBE).
Además argumentó que la ley de cambio climático establece que todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas emisiones y, por tanto, Madrid tiene que tener.
No obstante, vaticinó que una nueva ordenanza, no ampliaría las zonas ni crearía nuevas porque con las que se había adoptado hasta ahora "han sido más que suficientes para cumplir con esa directiva europea". Añadió que aunque la sentencia sea firme, "más de 200 medidas contempladas en Madrid 360 siguen estando vigentes".
Por tanto, el medio millar de cámaras que controla el cumplimiento de la normativa de la ZBE seguirán captando a infractores e imponiéndoles multas.
¿Hay que pagar las multas?
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) señala que desde septiembre de 2021 hay "1.760.000 expedientes sancionadores", que suponen "más de 300 millones". El presidente de la AEA, Mario Arnaldo, sugiere a los sancionados no pagar ninguna multa hasta que la resolución sea firme, ya que en caso de que tras el recurso la resolución sea firme, las sanciones no cobradas decaerán "automáticamente" de oficio. Y si finalmente la Justicia da la razón al Ayuntamiento lo que habría que pagar es el importe de la multa y un recargo del 20%, según recoge El Español.
Además, AEA informa que "va a solicitar que con carácter urgente se paralice la tramitación de todas las multas impuestas por acceder a las ZBE y la devolución de las cobradas".
