La central sindical señala, entre las principales aportaciones, el reconocimiento de ansiedad y depresión como enfermedades profesionales, reforzar la autoridad del personal docente o realizar campañas para animar a mujeres a incorporarse a ciclos de Formación Profesional que suelen estar copados por hombres.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recalcado la especial incidencia que en el sector de la educación tiene el denominado síndrome del quemado o ´burnout’. Por ese motivo ha trasladado a Conselleria que promueva, con el Ministerio de Educación, su declaración como enfermedad profesional de docentes.
El sindicato insiste igualmente en la inclusión, en esta normativa, del personal docente como autoridad. En este sentido ha recalcado que “las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia no deben prescribir en 60 días, o una definición exacta y más amplia de la defensa jurídica para los profesionales en el ejercicio de su labor”. En esa línea ha insistido en que “Conselleria debe actuar de oficio ante cualquier situación que atente contra el personal docente”.
CSIF también plantea a la Administración que la bajada de ratios de alumnado por aula, formación en horario lectivo y horas de dedicación para impulsar herramientas de mejora de la convivencia en los centros constituyen “aspectos irrenunciables que el decreto no contempla y que deberían de aplicarse en el conjunto de centros de la Comunidad Valenciana”. El sindicato considera “fundamental un refuerzo de personal para ofrecer la atención más personalizada a la diversidad del alumnado”.
El sindicato ha solicitado, por otro lado, que la Dirección General de Igualdad e Inclusión realice campañas de concienciación para “animar a mujeres a que se inscriban en ciclos formativos en los que tradicionalmente resulta muy mayoritaria la matriculación masculina”. Un ejemplo de esta situación son los ciclos vinculados a mecánica.
CSIF, en líneas generales, ha planteado también que “cualquier nueva normativa no suponga un incremento de la carga burocrática para docentes y equipos directivos, ya saturados con las constantes obligaciones en este sentido con las que les sobrecarga la Administración”. Del mismo modo, ha propuesto que “en la configuración del observatorio que hará seguimiento de esta normativa se incluya a los representantes del colectivo docente con el fin de fomentar la participación y la transparencia”.
