Una comisión de expertos juristas elaborará antes de final de este año un informe de propuestas para la reforma "integral" de la Ley de Función Pública de Extremadura que permita avanzar hacia una administración "conectada con la realidad, más cercana, rápida, eficaz en la detección de necesidades y que solucione problemas".
Con dicho informe, posteriormente el Ejecutivo regional impulsará así una "actualización, revisión y sobre todo un desarrollo que hasta ahora no ha tenido" la actual Ley autonómica de Función Pública, que data de 2015, en aspectos como la selección de personal, la provisión de puestos de trabajo, el régimen retributivo y la clasificación y ordenación del personal.
Así, el Gobierno regional considera "imprescindible" dotar a la comunidad de un cuerpo jurídico normativo "adaptado a la nueva realidad social" actual con un nuevo marco tecnológico, académico y laboral que "poco tiene que ver con el momento de elaboración de la normativa vigente".
Esto, además, teniendo en cuenta que "preocupa y mucho" que antes de 2030 se van a jubilar un 25 por ciento de los, alrededor de 60.000, empleados públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura y que, por tanto, hay que estar "preparados" para afrontar la "transición y transferencia del conocimiento".
De este modo lo ha explicado este lunes en rueda de prensa en Mérida la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Elena Manzano, quien ha remarcado que el objetivo final es adaptar la Administración a las necesidades y "al servicio de los ciudadanos y de los intereses generales" actuales.
También que la Administración actúe "con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico", y que "crea firmemente en los méritos en igualdad, capacidad y publicidad en el acceso, en la provisión y en la promoción personal"; y que trabaje de manera "eficaz, eficiente" en la planificación y en la gestión integrada de los recursos humanos.
En esta línea, Manzano ha incidido en que la Administración regional "cree firmemente" en la negociación colectiva, en la participación de los representantes sindicales y en la determinación de las condiciones de trabajo y del "gran papel" que los sindicatos juegan en la misma.
"Una Administración que promueve la estabilidad en el empleo público, que actúa con profesionalidad y con transparencia", ha añadido la consejera, quien ha subrayado que todos estos principios esenciales deben estar "muy presentes" en la revisión de la Ley de Función Pública que hoy se inicia y que tiene como eje principal a los empleados públicos.
Al respecto, ha destacado que "desde un primer momento" el gobierno de Guardiola ha mostrado un "firme compromiso" con la mejora del desempeño profesional de los empleados públicos, de sus carreras y con carácter general de la regulación de la Función Pública en la región.
En concreto, la comisión de expertos creada por la Junta estará conformada por Carmen Bravo Díaz, licenciada en Derecho y Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, que accedió a la Judicatura y que en la actualidad es magistrada especialista en la jurisdicción contencioso-administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Además, destaca su labor como docente en el Instituto Nacional de Administración Pública y en el Máster de Derecho Local de la Universidad de Extremadura (UEx).
También formará parte de la comisión de expertos Juan José Torres Ventosa, licenciado en Derecho por la UEx y Abogado del Estado, condición en la que ha sido Abogado Jefe de la comunidad autónoma de Extremadura y anteriormente jefe del Servicio Jurídico Regional de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha. También ha sido abogado del Estado Jefe en Palencia.
Cuenta con una "importante" vocación investigadora con varias publicaciones en revistas especializadas, y también ha ejercido como docente en diversas titulaciones universitarias. En la actualidad todo ese conocimiento lo ha llevado al ámbito privado y es socio de uno de los principales despachos de España.
Igualmente, de la comisión de expertos formará parte Pedro Brufau Curiel, profesor titular de Derecho Administrativo de la UEx, y "muy próximo" a la Cátedra. Tiene el Doctorado en Derecho Administrativo por la Universidad Carlos III de Madrid, completa su formación con Máster Internacional en EEUU, y es un investigador especializado en el empleo y el patrimonio público.
Ha realizado dictámenes para distintas administraciones públicas, centrados principalmente en el Derecho Administrativo, en el Derecho Regulatorio y de la Competencia, en el Derecho Deportivo, en el Derecho Ambiental y en el Derecho de la Energía.
Asimismo, es autor de numerosas publicaciones, ponente habitual en congresos nacionales e internacionales, y tiene una dilatada trayectoria en el estudio de la Función Pública.
"Contamos con los mejores para abordar un análisis exhaustivo de la normativa vigente en materia de Función Pública que parta de la norma de 2015 y los reglamentos previos dictados al amparo de la misma", ha espetado la consejera de Hacienda y Administración Pública.
Así, con esta comisión de expertos y con cualquier otro agente que se quiera sumar a medida que vayan avanzando los trabajos para colaborar de la mano de los agentes sociales en la construcción de la Función Pública del "futuro" cambiará la normativa.
Además, Elena Manzano ha avanzado que el próximo mes de junio se celebrará un congreso internacional en Mérida de la mano de NTT Data para evaluar cuál es el futuro de la Función Pública.
