Según han explicado a Efe fuentes jurídicas, la Junta de Magistrados que componen las secciones civiles de la Audiencia Provincial ha adoptado dicha decisión tras unificar los criterios evidenciados por los distintos juzgados, generales o mercantiles, de la región en sus sentencias.
El acuerdo establece que el plazo para solicitar la nulidad en la compraventa de acciones de Bankia expiró el pasado 25 de mayo, fecha en la que se cumplieron cuatro años desde que el actual presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, admitió pérdidas por valor de 2.979 millones de euros tras reformular las cuentas de 2011.
Sólo entonces, sostienen los magistrados, es cuando puede considerarse que salió a la luz la verdadera situación de la entidad y pensar que las cuentas utilizadas en el folleto informativo del debut bursátil no reflejaban una imagen fiel sino que indujeron a engaño al inversor.
La Audiencia Provincial de Madrid asume así la doctrina dictada por el Tribunal Supremo para la nulidad en la adquisición de participaciones preferentes en función del artículo 1.301 del Código Penal, que fija en 48 meses el límite para este tipo de reclamaciones.
Una disposición cada vez más extendida entre los jueces, que sentencias recientes aludían a la importancia de la citada fecha al tratarse del momento en el que "la imagen de solvencia y de plena confianza que hasta entonces transmitía Bankia se transformó radicalmente".
Al margen del caso penal iniciado en 2012 en la Audiencia Nacional y que investiga a una treintena de altos cargos de la entidad, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, la salida a Bolsa de Bankia ha protagonizado numerosos litigios por la vía civil.
Especialmente después de que el pasado enero, el Supremo anulase dos casos de compra de acciones al constatar que hubo error en el consentimiento al existir un desfase entre las cifras del folleto y las reales, lo que abrió la veda a nuevas reclamaciones.
Con el objetivo de contrarrestar la ofensiva, la entidad puso a disposición de los inversores un sistema extrajudicial por el que los particulares podían recuperar el 100% de su inversión, unos 807 millones, más un interés anual del 1% a cambio de renunciar a acciones legales.
Según la información remitida por Bankia al juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en septiembre, aún quedarían unos 21.000 accionistas pendientes de recuperar el dinero invertido, una cifra que supone en torno a 96 millones, después de que la entidad resarciese a unas 223.000 cuentas de pequeños inversores.
Ahora, la decisión de la Audiencia de Madrid limita las posibles demandas de estos clientes, que, según estimaciones de Bankia, corresponden al 5% de las cuentas de particulares que apostaron por el valor en su debut en el parqué, y que a falta de semanas para que concluya uno de los años más álgidos para este asunto no han acudido ni a los juzgados ni a la oferta del propio banco.
