En la línea de sus políticas para controlar las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), ya iniciada con el protocolo contra la contaminación, el Ejecutivo de Ahora Madrid da luz verde mañana al controvertido expediente de Madrid Central, que transformará el día a día de los madrileños.
Pese al frontal rechazo de la Comunidad de Madrid y los grupos municipales de PP y Ciudadanos, este proyecto echa a andar con la vocación de eliminar el tráfico de paso, sin origen ni destino en el centro, un total de 58.600 viajes diarios según las previsiones municipales, y de otros 18.000 desplazamientos, que ya no se harán.
El reto del Gobierno municipal es reducir en un 40 por ciento las emisiones contaminantes y rebajar en un 37 por ciento el tráfico, de modo que sea más agradable para el peatón transitar por la zona, que también estará más preparada para acoger a bicicletas y otros modos sostenibles de desplazamiento.
Este área tiene una extensión de 480 hectáreas, cuatro veces la superficie del parque de El Retiro y absorberá las cuatro áreas de prioridad residencial vigentes actualmente (Cortes, Letras, Embajadores y Ópera) y creadas por el PP.
Además de los residentes, que no tienen ninguna restricción de movimiento, podrán pasar sus invitados, hasta un límite de 20 por mes y persona empadronada de más de 16 años.
También se moverán sin límites y estacionarán sin coste en superficie las personas con movilidad reducida y los coches cero emisiones, mientras que los híbridos, etiqueta ECO, podrán aparcar un máximo de dos horas pagando parquímetro.
Al centro podrán ir también en su coche quienes accedan a un aparcamiento, a excepción de los vehículos más contaminantes, que no tienen etiquetado ambiental, los de gasolina anteriores al 2000 y los diésel de antes del 2006.
Habrá permisos de entrada para el reparto de mercancías a los vehículos sin etiqueta ambiental y etiqueta B, pero a partir de 2020 las furgonetas más contaminantes tendrán que quedarse fuera.
Se contemplan asimismo excepciones para los trabajadores nocturnos, las familias que tengan que llevar a sus hijos a un centro educativo y otras para suministros o vehículos especiales.
Por supuesto, podrán acceder todos los modos de transporte público, incluidos los taxis y los de transporte con conductor (VTC).
Desde que el Gobierno municipal dio a conocer este proyecto en 2016, los grupos municipales del PP y Ciudadanos se han mostrado profundamente reacios y han acusado a Ahora Madrid de tener "cochofobia" e imponer un modelo de movilidad sectario, que va a generar el caos circulatorio.
Ambos grupos acusan al Gobierno de Manuela Carmena de prohibir la circulación sin ofrecer alternativas de movilidad. Piden aparcamientos disuasorios, un plan coordinado de fomento del transporte público y, sobre todo, atender las quejas de los comerciantes, que auguran pérdidas millonarias.
En los últimos días, el Gobierno autonómico se ha sumado a las críticas al pedir la paralización del plan, sin descartar medidas judiciales, lo que supondría un nuevo choque de trenes institucional a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas.
A ellos se ha sumado una plataforma de afectados de nueva creación, que ha logrado interlocución con el área dirigida por Inés Sabanés, la cual ha dado respuesta a las quejas de las familias con hijos escolarizados en el distrito.
Además, la alcaldesa atendió la reclamación de la patronal CEIM y decidió posponer una semana el estreno de la medida -hasta el 30 de noviembre- para no coincidir con el viernes de rebajas ("Black Friday").
En cambio, los vecinos agrupados en la Fravm (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) reclaman al Gobierno municipal aplicar con rapidez esta medida que asemejará Madrid a otras capitales europeas.
El Ayuntamiento de Madrid no ha aclarado cuándo comenzarán los vecinos a recibir multas por incumplir las normas del área de restricción al tráfico Madrid Central.
Madrid Central empezará en fase manual e informativa el 30 de noviembre y poco después, en enero, arrancará el envío de las notificaciones de infracciones, aunque durante aproximadamente dos meses no conllevarán sanción económica.
En todo caso, la delegada de Medio Ambiente y Movilidad ha garantizado que las multas llegarán antes que las elecciones.
