La vista ha arrancado a las 11:00 horas en ausencia de uno de los catorce acusados, Gregory Manning, a quien el tribunal ha declarado en rebeldía y ha acordado reclamar su extradición a EEUU, país en el que reside, y su posterior ingreso en prisión.
Su letrada había alegado que sufre "padecimientos" y que no podía asistir al juicio por vivir fuera de España, motivo por el cual el fiscal Anticorrupción ha reclamado su ingreso en prisión y que se abra una pieza separada.
Además, la sección primera de la Sala de lo Penal ha eximido de declarar a Ramón Egurbide y Francisco Blázquez, porque padecen una enfermedad degenerativa, por lo que han abandonado la concurrida sala de vistas, a la que han asistido multitud de afectados por la estafa.
Tras ello, el juicio ha proseguido con el inicio de los interrogatorios al resto de acusados, el primero de ellos el expresidente de Afinsa Juan Antonio Cano, que se enfrenta a una petición provisional de 19 años de cárcel.
En el banquillo se sientan también el exconsejero Carlos de Figuereido, para quien Anticorrupción ha pedido 16 años de cárcel; los ejecutivos y exmiembros del Consejo Albertino de Figuereido y Vicente Martín, que se enfrentan a 15 años de prisión, y Emilio Ballester, a 13, en todos los casos por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo y fraude.
Los dos primeros se los atribuye además al exconsejero Joaquín José Abajo, para quien solicita 11 años de cárcel y que indemnice conjunta y solidariamente junto a los anteriores con 2.574 millones a los 190.022 afectados, a lo que habrá que restar lo que ya hayan hecho efectivo en el procedimiento concursal.
Mientras, señala como cómplices de estafa a Francisco Guijarro, para el que se piden ocho años también por blanqueo y fraude a la Hacienda Pública; a Esteban Pérez, a cuatro, y Ramón Soler, a tres.
Por último, reclama dos años y medio para Juan y Jordi Domingo por un delito contra la Hacienda Pública, y dos para Francisco Blázquez por falseamiento de cuentas anuales.
El escándalo que sacudió a la entidad tras su intervención y la de Fórum el 9 de mayo de 2006 le supuso un agujero de cerca de 2.000 millones y afectó a 200.000 ahorradores que depositaron su dinero en Afinsa para que ésta realizase contratos de inversión en sellos con la promesa de altas rentabilidades.
Afinsa desarrolló entre 1998 y 2006 un negocio de captación de ahorro masivo de "apariencia lícita" al ofrecer contratos de inversión en sellos con el atractivo de unas elevadas rentabilidades, según la Fiscalía.
Sin embargo, estos sellos, que debían soportar el importe de la inversión, tenían "un valor ínfimo" en relación con las cantidades entregadas por los clientes y las rentabilidades satisfechas no se correspondían con la revalorización de la filatelia, sino con las aportaciones de nuevos inversores.
Los fiscales encargados del caso, Alejandro Luzón y Juan Pavía, intentarán demostrar que la "única" viabilidad del negocio consistía en "reproducir 'ad infinitum' esa misma práctica defraudatoria" con nuevos clientes, creando una "suerte de negocio piramidal".
