El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha archivado este martes la causa contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el 'caso Púnica'. Lo ha hecho tras considerar que no existen indicios suficientes de que participara en la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Madrid.
La exdirigente madrileña estaba siendo investigada desde el 2 de septiembre de 2019 por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011. Sin embargo, Cifuentes solicitó el sobreseimiento del caso el pasado noviembre, decisión que finalmente ha tomado García Castellón "al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos".
En el auto el juez también ha acordado el sobreseimiento provisional de Tatiana Recoder, letrada de la Asamblea de Madrid, y del empresario Arturo Fernández, presidente del Grupo Cantoblanco, investigados por las mismas causas que la expresidenta.
La investigación, basada en un informe policial en el que se notificaban las presuntas irregularidades cometidas en este contrato y las donación de empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, no ha podido acreditar que Cifuentes participase en la gestión económica de esta institución ni que ostentara cargo alguno en ella. De hecho, el propio juez ha considerado que la imputación de que supiese de la existencia de aportaciones de empresarios a estas cuentas "se basa en una mera especulación" y no cuenta con indicios que la sustenten.
Tampoco hay evidencias de que la expolítica supiera "quiénes eran los donantes" de la Fundación, que conociese los pagos vinculados a Arturo Fernández o que tuviera la voluntad de favorecer al empresario por las donaciones en este proceso de licitación.
Respecto a la participación de Cristina Cifuentes en la presunta financiación ilegal del PP a través de la empresa Swat, el magistrado ha aclarado que "no se sustenta en ningún tipo de indicio que permita corroborarla, tratándose de una mera sospecha ausente de fundamento alguno" y, por lo tanto, rechaza que haya quedado demostrada su intervención.
La resolución señala que la imputación se sustenta en las manifestaciones de la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid, Isabel Gallego, que son "manifiestamente contrarias" a las de la propia Cifuentes, que negó haberse reunido con el empresario Juan Miguel Madoz, quien también lo negó. Además, insiste en que Cifuentes "no ostentaba cargo alguno vinculado con la contabilidad, gestión o administración de las elecciones del año 2008".
