La proposición de ley de amnistía no ha salido adelante este martes en el Congreso de los Diputados por culpa del voto en contra de Junts, cuyas exigencias no han sido aceptadas por el PSOE.
Los independentistas reclamaban el blindaje frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, lo que habría impedido al juez seguir adelante con el 'Caso Voloh', que investiga la conexión del independentismo catalán con Rusia.
El texto presentado amnistiaba los actos de "responsabilidad penal, administrativa o contable" relacionados con el proceso independentista catalán, incluyendo el 9-N y el 1-O, "siempre que hubieren sido realizados entre los días 1 de enero de 2012 y 13 de noviembre de 2023".
Esto no ha sido suficiente para Junts, ya que no se incluían sus enmiendas parciales con las que pretendían que se perdonaran los delitos de terrorismo y traición. Y es que, aunque creían que la norma salvaba a los investigados en las causas que se siguen en la Audiencia Nacional contra los CDR y 'Tsunami Democràtic', no se fiaban de que pudieran surgir otros procedimientos que quedaran fuera de la Ley de Amnistía.
Es por ello que Junts pactó la pasada semana con el PSOE que la norma abarcara todos los delitos de terrorismo salvo los cometidos "de forma manifiesta y con intención directa" que hayan causado "violaciones graves de Derechos Humanos".
Qué pasa ahora con la Ley de Amnistía
El Pleno del Congreso ha votado primero el dictamen de la Ley de Amnistía, para lo que no se necesitaba mayoría absoluta, y ha sido aprobado con 177 votos a favor, también los de Junts, frente a 172 en contra. En concreto, han votado a favor los diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG frente al 'no' de PP, Vox, UPN y CC.
Pero al tener rango orgánico se necesitaba una segunda votación que exigía un mínimo de 176 votos, y ahí ha sido donde Junts ha optado por el No, rebajando los apoyos a 171 diputados, incluso por debajo de los 179 votos de la oposición.
Al no llegar a ese listón mínimo de los 176 votos, la ley no se ha dado por aprobada y, conforme al artículo 131 del reglamento del Congreso, el dictamen se remitirá a la Comisión de Justicia para que, en el plazo de un mes, redacte un nuevo texto que habrá de someterse a una nueva votación en el hemiciclo.
No hay muchos precedentes de esta situación y el Congreso deberá aclarar qué enmiendas de las presentadas en enero se van a poder seguir defendiendo en la comisión. No obstante, siempre habrá opción a pactar enmiendas transaccionales que, a diferencia de lo que ocurre en el Pleno del Congreso, su votación no necesitará el visto bueno de todos los demás grupos.
La investigación del terrorismo
El juez instructor Manuel García Castellón sigue investigando diversos puntos de la causa que investiga los disturbios supuestamente organizados por 'Tsunami Democrátic' en otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del procés.
Entre otras cosas investiga la muerte de un turista francés por un infarto en el marco de los disturbios de El Prat, que cree que es directamente imputable a los responsables de los altercados provocados en el aeropuerto; así como las graves lesiones que sufrieron dos policías por los desórdenes posteriores a la sentencia del procés atribuyendo a los responsables una intención homicida y señalando que son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidas en el artículo 15 de la Constitución, y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".
La conexión del independentismo con Rusia
Una de las enmiendas parciales presentadas por Junts proponía incluir en la Ley de Amnistía los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, delitos que han cobrado una relevancia especial en los últimos días después de que se haya prorrogado la investigación del 'Caso Voloh' tras observar "estrechas relaciones personales entre algunos de los investigados con individuos de nacionalidad rusa".
Entre los imputados figura el jefe de Gabinete de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y algunas de las conductas descritas por el juez podrían encajar con ese tipo de delitos que castigan a "los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras".
Otras exigencias de Junts que han quedado fuera
Entre las exigencias de Junts que han quedado fuera del texto presentado este martes en el Congreso de los Diputados se encontraba también una especie de 'lawfare' policial dirigido a "la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre y cuando no hayan conllevado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".
Junts también trató de amnistiar "las responsabilidades civiles y contables derivadas" de los actos relativos al procès, incluidas las que estuviesen siendo objeto de procedimientos tramitados ante el Tribunal de Cuentas.
Además, la formación independentista quiso ampliar la horquilla temporal de la Ley de Amnistía y que incluyera los actos relacionados con el procès desde el 1 de noviembre de 2011.
