El texto prohíbe de forma taxativa el uso del móvil en el recinto escolar -así como el de tabletas o relojes con conexión- y permite que los propios centros establezcan las excepciones en sus reglamentos internos.
La ley no especifica las posibles multas ni contiene detalles técnicos de la aplicación del veto, dejando las modalidades de confiscación y restitución de los dispositivos a discreción de los propios centros.
Asimismo, no entra en el ámbito de prohibición el uso del móvil y aparatos electrónicos en casos de discapacidad.
El texto, defendido por el partido de Macron, La República en Marcha (LREM), considera que el uso del móvil "provoca numerosas disfunciones incompatibles con la mejora del ambiente escolar" y que su restricción permitirá garantizar un entorno que favorezca la concentración y las interacciones sociales.
La ley fue aprobada en una votación definitiva por 62 votos a favor y uno en contra, después de que el pasado 7 de junio prosperase la votación en primera lectura y de pasar por la validación del Senado, el pasado jueves.
El centroderecha, socialistas, comunistas, así como los diputados izquierdistas de la Francia Insumisa se han abstenido alegando que la ley no producirá ningún cambio.
Esta prohibición ya se ha puesto en práctica en algunos de los 51.000 colegios y 7.100 institutos del país y, según las conclusiones de la cámara, ha dado resultados satisfactorios.
Según una encuesta de la Autoridad de Regulación de Comunicaciones Electrónicas (ARCEP), el 93 % de los adolescentes entre 12 y 17 años tenían un teléfono móvil en 2016, frente al 72% de 2005.
La luz verde a esa prohibición llega pocos días después de que el Gobierno francés abriese un debate público de seis meses que busca regular el uso de las pantallas y combatir su adicción.
